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María M. Mur
Los 155 constituyentes chilenos comenzarán a sesionar mañana para cumplir con la titánica tarea de escribir una Constitución que sustituya a la vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y siente las bases para un nuevo pacto social.
Pero, ¿cómo será ese proceso de redacción? ¿Se basarán en las tres Cartas Magnas que ha tenido Chile? ¿Será un texto detallado como en los países germanos o se optará, en cambio, por uno sencillo y conciso al estilo anglosajón?
A continuación, las claves de un proceso que surgió de las protestas de 2019 y que se mira con lupa dentro y fuera de Chile.
En una ceremonia sobre la que se han dado pocos detalles y que se celebrará en el antiguo Congreso Nacional en Santiago, los constituyentes jurarán o prometerán sus cargos ante la relatora del Tribunal Calificador de Elecciones, Carmen Gloria Valladares.
Una vez constituida, la primera tarea de la convención -con 17 escaños para los pueblos indígenas y la única en el mundo en estar conformada por un número equilibrado entre hombres y mujeres- será la de elegir por mayoría absoluta una mesa directiva que conduzca el proceso, con un presidente y un vicepresidente.
La elección de la mesa esconde un tire y afloja entre las distintas fuerzas de la convención, integrada en su mayoría por ciudadanos independientes, sin afiliación a partidos, aunque con tendencia progresista. La derecha solo obtuvo 37 de los 155 escaños.
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“La primera mañana va a ser crucial para ver el tono que van tener las discusiones”, reconoció Javier Couso, académico en la Universidad Diego Portales (Chile) y la Universidad de Utrecht (Países Bajos).
Aunque aún no se sabe el rol que tendrá el presidente convencional, “hay diferencias entre escoger a una figura conciliadora que allane el diálogo o a alguien más radical”, agregó.
Los nombres que más suenan son la líder mapuche Elisa Loncón, la periodista Patricia Politzer o el abogado Agustín Squella.
Los días de sesiones, la posibilidad de celebrar alguna reunión fuera de Santiago, los tiempos de intervención de los constituyentes, el papel de la mesa directiva o las comisiones que van a discutir los distintos temas son también una incógnita.
Por eso, tras la instalación, llega la primera prueba de fuego de la instancia: redactar su propio reglamento de funcionamiento y aprobarlo por una mayoría de dos tercios.
“Mientras más se demoren en el reglamento, menos tiempo les quedará para redactar la Constitución. Ojalá puedan salir de esto en dos meses, pero es una convención con poca experiencia y es posible que tarden más, como pasó en Bolivia”, dijo Claudia Heiss, jefa de la carrera de Ciencia Política en la Universidad de Chile.
La convención debe presentar una propuesta nueve meses después de su instalación, aunque podrá pedir solo una prórroga de tres meses, por lo que el texto debería estar listo como máximo en julio de 2022 y someterse luego a plebiscito para entrar en vigor.
Mientras no rija la nueva Ley Fundamental, se aplica la de 1980, muy cuestionada por su origen dictatorial y por favorecer el libre mercado en servicios básicos como educación, sanidad o pensiones.
Lo que sí parece claro es que las reuniones de las comisiones serán abiertas. Según un sondeo de Ipsos, el 70 por ciento de los chilenos apoya esa opción.
“Si bien la literatura sobre procesos constituyentes recomienda espacios de conversaciones reservadas, creo que en Chile hoy no es posible porque hay una gran demanda de transparencia y la sociedad necesita confiar en las instituciones”, indicó Couso.
De ratificarse en plebiscito, sería la primera que nace de un proceso plenamente democrático y participativo en la historia de Chile, por lo que las expectativas son máximas y los constituyentes bucean en textos de otros países para buscar ideas.
Colombia es el gran ejemplo regional, aunque en temas indígenas los ojos se posan en Bolivia. España y Sudáfrica también podrían aportar buenas ideas, según los expertos.
El texto beberá también de las tres Constituciones que ha tenido Chile desde su independencia (1833, 1925 y 1980) y deberá respetar el carácter de República, su régimen democrático, las sentencias judiciales y los tratados internacionales.
“Creo que hay un mensaje simbólico de crear un nuevo texto, por lo menos en lo formal, pero en términos de contenido lo más probable es que se recojan cosas del 80”, apuntó Mario Herrera, académico de la Universidad de Talca.
También está sobre la mesa el debate sobre si el nuevo texto debe ser “minimalista”, como dicta la tradición anglosajona, o extenso y si debe usarse un lenguaje llano, alejado de tecnicismos.
Para Couso, “si hay que elegir entre una comprensión absoluta y la precisión jurídica para evitar interpretaciones erróneas, se optará por lo segundo”: “No hay nada peor -concluyó- que una Constitución ambigua”. (EFE)
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