En 10 años de estanflación el empleo público creció 34% y el privado 3%

Recientemente se publicaron los datos finales del cierre fiscal en provincias en el año 2022. La situación fiscal en el consolidado de provincias el año pasado, y la evolución del resultado fiscal en varios años deja datos para analizar.

Desde que la economía se ha estancado luego del 2011, con subas y bajas, pero en una situación estanflacionaria a largo plazo, el empleo público consolidado nacional, provincial y municipal creció un 34% entre 2011 y 2022, mientras que la suba acumulada en el empleo privado asalariado formal en el mismo lapso fue de apenas el del 3%.

Uno de los factores que explica la mejora en las cuentas fiscales provinciales desde 2015, ha sido la caída relativa en el gasto en personal, con relación a los ingresos corrientes de las provincias. No obstante, la planta de Personal en el sector público provincial ha exhibido un fuerte crecimiento en el período bajo análisis, de modo que detrás de la caída del peso del gasto en Personal, seguramente se halla la disminución del salario real promedio pagado por el sector público provincial en los últimos años.

Con respecto al resultado fiscal en provincias en 2022, en valores constantes, los ingresos totales subieron un 6,3% (un 4,6% los ingresos tributarios propios y 6,5% las transferencias automáticas desde Nación), a la vez que las erogaciones totales lo hicieron un 5,8%. Así, el superávit financiero subió un 23,9% en valores reales, y resultó equivalente a 0,5% del PBI, cuando en 2021 había ascendido a 0,4% del PBI. En cambio, el superávit primario fue prácticamente igual al de 2021, en torno a 0,8% del PBI.

En 2022 los ingresos corrientes subieron un 6,3% real, mientras el gasto corriente subió 3,5%, de modo que el ahorro corriente aumentó 27,1% el año pasado, bastante por arriba de la inflación. El gasto en Personal aumentó un 4,7% anual, a precios constantes. Por su parte, el gasto de Capital se incrementó un 23,4% real en 2022.

Así, el resultado financiero en provincias mejoró levemente en 2022, prolongando una tendencia a la mejora observada desde 2015, sólo interrumpida en el 2019. El excedente logrado el año pasado (0,5% del PBI) es el más alto desde el año 2000, sólo superado por el superávit financiero observado en el año 2004 (1%), según revela un informe del IERAL.

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El ahorro corriente (diferencia entre ingresos y egresos corrientes) alcanzado en 2022 (2,1% del PBI) resulta prácticamente igual al de 2004 (2,2%), el más alto desde el 2000. Excluyendo la crisis de 2001–2002, el menor ahorro corriente en provincias se había observado en 2015 (0,2% del PBI).

Además del aumento en las transferencias nacionales a provincias que se inició en el año 2016, el otro factor que permitió mejorar las cuentas fiscales en provincias desde 2015 ha sido la caída en el peso del gasto en Personal, pues dicha partida representaba un 60% de los ingresos corrientes provinciales en el año 2015, siendo que en 2022 dicha relación se ubicó en 47%.

A nivel nacional también se observa una caída en la relación entre gasto en personal e ingresos corrientes, desde un máximo de 17,3% en 2017 a un mínimo en la década de 12,7% en 2021, con una reversión y suba en 2022, cuando se ubica en 14,1%. A nivel nacional el peso del gasto en Personal resulta menor, por cuanto la mayoría de los servicios públicos intensivos en trabajo se encuentran bajo responsabilidad provincial, encargándose el gobierno nacional especialmente del gasto en transferencias, tales como jubilaciones, planes sociales y subsidios en las tarifas de los servicios públicos.

Si se considera la variación ocurrida en el gasto en Personal en provincias, en valores constantes, desde el máximo de 2015 hasta el 2022, se destaca la suba observada en San Luis, con cerca del 63%. También resultó muy alto el aumento verificado en San Juan (27%), Neuquén (25%) y Salta (19%). En cambio, Mendoza, Jujuy, Santa Cruz y Córdoba exhiben caídas acumuladas de dos dígitos en el gasto en Personal en dicho período (28%, 20%, 18% y 12%, respectivamente).

Evolución del empleo público y privado por provincia

Uno de los factores que explica la mejora en las cuentas fiscales provinciales desde 2015 ha sido la caída relativa en el gasto en Personal con relación a los ingresos corrientes de las provincias. No obstante, la planta de personal en el sector público provincial ha exhibido un fuerte crecimiento, de modo que detrás de la caída del peso del gasto en Personal, se halla la disminución del salario real promedio pagado por el sector público provincial en los últimos años, con salarios públicos ajustando generalmente por debajo de la inflación. Desde que la economía se ha estancado luego del 2011, con subas y bajas, pero en una situación estanflacionaria a largo plazo, el empleo público provincial y municipal creció un 35% entre 2011 y 2022, mientras que a nivel nacional lo hizo un 28%.

El consolidado arroja una variación de 34%. Se compara con una suba acumulada del 3% en el empleo privado asalariado formal en el mismo lapso.

El análisis provincial indica que Misiones, Chubut, Santa Cruz y San Luis incrementaron su empleo público en más del 60% en los últimos once años. En el caso de Misiones, el empleo público provincial y municipal aumentó un 93% desde el año 2011, mientras que el empleo privado asalariado formal subió un 12%. En cambio, Córdoba se presenta como la provincia con el menor aumento en el empleo público provincial, que al igual que el empleo privado formal, subió un acumulado del 3% en el periodo.

En la única jurisdicción en que se incrementó en mayor medida en empleo privado asalariado formal (39%) que el empleo público provincial y municipal (33%) en los últimos once años, es la provincia de Neuquén.

Si, en cambio, el análisis se realiza en términos per cápita, dado que se trata de un período prolongado en que la población creció un 12%, entonces el empleo privado asalariado formal habría tenido una caída del 8% en los últimos 11 años, mientras que el empleo público subió un 19%.

Así, el empleo privado asalariado formal per cápita habría caído en 19 de las 24 jurisdicciones entre los años 2011 y 2022, con números positivos solamente en los casos de Neuquén, Chaco, Catamarca, Santiago del Estero y Corrientes.

En la medición por habitante, el mayor aumento en el empleo público provincial y municipal entre 2011 y 2022 habría ocurrido en la provincia de Misiones (69%), seguida por Chubut y La Rioja (45%) y luego San Luis (42%). Por su parte, el empleo público per cápita habría

caído en Córdoba, La Pampa y Tucumán, en el mismo lapso.

Dado lo anterior, uno de los mayores desafíos es lograr un equilibrio adecuado entre el tamaño y la eficiencia de la administración pública. Es fundamental contar con un número de funcionarios públicos acorde a las necesidades del Estado, evitando la duplicación de funciones y la burocracia innecesaria. Esto permitirá optimizar los recursos públicos y mejorar la calidad de los servicios que se brindan a la ciudadanía.

Otro gran desafío es que la economía argentina vuelva a crecer y a generar empleo privado formal y de calidad, lo cual no ha ocurrido en la última década, salvo en algunas jurisdicciones relacionadas con el crecimiento de los hidrocarburos no convencionales.

Otro aspecto a considerar, debiera ser la meritocracia en la selección y promoción de los empleados públicos. Es fundamental contar con procesos de selección transparentes y basados en el mérito, donde las personas sean seleccionadas primordialmente por sus capacidades, competencias y experiencia. Esto contribuirá a fortalecer la calidad y eficiencia de la administración pública, promoviendo una cultura de excelencia y profesionalismo.

Además, es necesario fomentar la capacitación y el desarrollo profesional de los empleados públicos. Brindar oportunidades de formación continua y promover la actualización de conocimientos permitirá contar con funcionarios mejor preparados y adaptados a los desafíos actuales. Esto incluye el uso de tecnología y herramientas digitales que puedan agilizar los procesos y mejorar la eficiencia en la gestión pública. Es importante destacar

que los agentes públicos tienen la responsabilidad de brindar servicios eficientes, transparentes y de calidad, garantizando el acceso equitativo a los derechos y beneficios que ofrece el Estado.