Las cartas documentos de Bullrich y la reacción de movimientos sociales y gremios

 La CGT y distintas organizaciones salieron al cruce tras la intimación que hizo el Ministerio de Seguridad a varios gremios que la integran para que abonen una millonaria suma por el costo del operativo durante la marcha que la central hizo el 27 de diciembre.

El dirigente partidario Alejandro Bodart declaró: “Es totalmente arbitrario y dictatorial, como el protocolo de la ministra Patricia Bullrich en que se basa este absurdo y que hemos impugnado ante la justicia por inconstitucional. En ningún país democrático del mundo se cobra por un supuesto gasto policial a quienes ejercen el derecho constitucional a reclamar en el espacio público. Además, no se sabe por qué eligen al voleo multar a algunas organizaciones y no a otras. Esta ofensiva autoritaria del gobierno de Milei pretende imponer de hecho en nuestro país el estado de sitio para disciplinar a la gente. Por eso nos intiman ridículamente, junto a otras organizaciones sindicales, sociales y políticas, a pagar millones por concentraciones populares pacíficas en las que no hubo delito alguno. No lo vamos a permitir ni van a lograr intimidarnos”.

Bodart agregó: “Ahora la ministra Bullrich aceptaría retirar su propuesta de criminalizar las reuniones públicas de tres personas, pero en la ley ómnibus mantienen el aumento de penas de prisión no excarcelable para las protestas sociales y otras medidas represivas. Y no se trata sólo de los cortes de ruta, sino de tratar de impedir cualquier marcha o reclamo social que ni siquiera implique un corte total del tránsito. Estos proyectos autoritarios inéditos van de la mano del plan de ajuste brutal que están intentando imponerle al pueblo trabajador. Ningún sector que se considere democrático debe dejar pasar semejante atropello totalitario. Nuestra respuesta es redoblar el llamado al paro general y la movilización del 24 de enero a Congreso contra el DNU, el protocolo y la ley ómnibus”.

Por su parte, la CGT, indicó que "es una nueva provocación del Poder Ejecutivo en sus intentos de acallar toda manifestación y protesta de los trabajadores y trabajadoras organizados, en expresión de sus legítimos reclamos, ante la reforma laboral más regresiva en toda la historia democrática de nuestro país", lamentó la entidad de la calle Azopardo en un comunicado.

Y agregó: "Esta afrenta ilegítima y contraria a la Constitución Nacional, que expone la vocación gubernamental de desconocer la libertad sindical, el derecho de huelga y de protesta ante todo intento de manifestar el rechazo y el descontento ante el menosprecio de normas laborales individuales y colectivas inspiradas en la justicia social, no condicionará al movimiento obrero organizado".

Por último, la CGT aseguró en texto que no representa "los intereses de una casta, pero sí de trabajadores y trabajadores de nuestro país que, en una sociedad democrática y conforme a la Constitución Nacional, tienen el derecho a gozar de la protección de las normas, a la organización sindical, a negociar convenios colectivos y a ejercer el derecho de manifestación y de huelga".

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Por su parte, la CTA Autónoma también emitió un comunicado para rechazar el intento de cobro del operativo de seguridad por las cifras de $56.760.282 y $40.419.227 al haber participado de las movilizaciones realizadas los días 22 y 27 de diciembre, respectivamente.

"Estas penas (supuestos "pagos solidarios"), son actos de persecución e intimidación por parte del gobierno de Javier Milei, queriendo sostener una norma que es claramente inconstitucional y que, además, quiere atribuirnos un delito que de ninguna manera hemos cometido. Las y los trabajadores ejercemos nuestro derecho constitucional a la protesta", se quejó la central que lidera Hugo "Cachorro" Godoy.