Lanzan portal para acelerar ventas del Estado

El Gobierno formalizó hoy una nueva herramienta digital para gestionar las licitaciones y concursos vinculados a las privatizaciones de empresas públicas que figuran en la Ley Bases.

Se trata de una plataforma incorporada al sistema CONTRAT.AR por la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), y que quedó oficializada en el Boletín Oficial, con el objetivo de agilizar los trámites y asegurar que se realicen con “transparencia, competencia y amplia participación”, según se indicó. Permitirá concretar de forma completamente online la venta de activos, acciones o cuotas de capital, la transferencia de establecimientos productivos y el otorgamiento de concesiones, licencias y permisos.

Quienes ya estén inscriptos como concesionarios bajo la Ley 17.520 podrán participar en los nuevos procesos sin volver a registrarse, mientras que el resto de los interesados deberá crear un usuario en la plataforma y validar su identidad.

También tendrán que presentar modelos estandarizados de documentación, como actas y declaraciones juradas, para acreditar que están habilitados a contratar con el Estado y que cumplen con los requisitos legales.

El nuevo sistema aplicará las mismas reglas que ya rigen para otros procesos dentro de CONTRAT.AR.

En el caso de licitaciones para obras de infraestructura o servicios públicos, se seguirá usando el procedimiento vigente desde 2024, que queda integrado a esta herramienta.

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Por la Ley Bases, quedaron habilitadas a privatizarse de manera total Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA); Energía Argentina (Enarsa); Intercargo; Corredores Viales; Belgrano Cargas y SOFSE (Trenes Argentinos).

Para privatización parcial, Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA).

La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo de Diego Chaher, tiene planificado que durante este semestre queden listos los pasos administrativos para concretar distintas privatizaciones, por lo que publicó una serie de avances administrativos para pasar a manos privadas firmas como Intercargo, Corredores Viales, Aysa y las acciones de Enarsa.