El Gobierno convoca al sector más dócil de la oposición para evitar otro tropiezo en el Congreso

El Gobierno parece haber comprendido finalmente, después de un nuevo tropezón parlamentario, que debe ejercitar sus capacidades de gestión política si pretende que el Congreso respalde sus medidas reformistas, casi 100 días después de que el libertario Javier Milei asumió como jefe de Estado.

Luego de que el mega DNU 70/23 mordiera el polvo en el Senado, comenzaron a desfilar por los pasillos de la Casa Rosada diputados de la oposición (dialoguista), convocados por el ministro del Interior, Guillermo Francos, en vísperas de lo que podría ser el envío al Parlamento de un nuevo proyecto de Ley Ómnibus, junto con el probable tratamiento de aquel decreto.

La primera versión de la llamada Ley de Bases fracasó justamente en el Congreso por impericia del oficialismo, como sucedió en las últimas horas con el DNU, que se discutió en la cámara Alta sin que La Libertad Avanza (LLA) hubiera logrado reunir (léase, seducir) la cantidad de votos necesarios para su aprobación, por lo que terminó siendo rechazado.

Si bien en principio ese decreto se mantiene vigente, en tanto y en cuanto la cámara de Diputados no lo trate y le baje el pulgar eventualmente también, el revés sufrido por LLA en el Senado volvió a poner bajo escrutinio la capacidad del Gobierno para gestionar acuerdos que le permitan, en efecto, impulsar las políticas que Milei considera indispensables para empezar a revertir la crisis de la Argentina.

Patriotas y anti-patrias

La diatriba libertaria contra quienes votaron en contra del DNU en la cámara que preside Victoria Villarruel se exacerbó una vez más, en lo que parece ser una estrategia comunicacional bastante definida por parte del oficialismo: intentar dividir al espectro opositor entre patriotas y anti-patrias, entre quienes son “casta”, se oponen al cambio y solo buscan preservar sus propios intereses, y aquellos que están a favor de promover un nuevo modelo de desarrollo para el país, independientemente de los partidos políticos que cada uno de esos dirigentes integre.

De cualquier modo, cuando restan apenas un puñado de jornadas para que Milei cumpla sus primeros 100 días al frente de la Presidencia de la Nación, no parece que al Gobierno le quede ya demasiado hilo en el carretel como para tensar la cuerda con la oposición -incluso con el sector más dialoguista- e insistir de manera casi sistemática con la noción de que simplemente son “traidores a la Patria”, sin medias tintas, quienes optan por darle la espalda a los mamotretos legislativos que viene motorizando el Gobierno.

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Los efectos de la “licuadora”, por las medidas de desregulación de la economía que promovió Milei y que carcomieron de manera estrepitosa el poder adquisitivo del salario en un abrir y cerrar de ojos, es probable que comiencen a intensificarse en el humor social y a impactar en encuestas sobre imagen y ponderación de gestión si el tan mentado rebote económico que vaticina el jefe de Estado se demora en ocurrir, más allá del plan “motosierra” que procura impulsar en el sector público nacional.

En este contexto, da la sensación de que en la Casa Rosada entendieron efectivamente que ejercitar la gestión política -y convocar a la oposición dialoguista a una mesa de negociación- podría convertirse en el camino más adecuado para transitar en momentos en los que el oficialismo necesita sumar respaldos en el Congreso: primero para que no fracase eventualmente también el DNU 70/23 en la cámara de Diputados y además para motorizar su nueva propuesta de Ley de Bases.

“Se cometieron errores básicos”

Sería saludable para la administración Milei empezar a recorrer esa senda, dado que los tropiezos de LLA en el Congreso no hacen más que corroborar la debilidad de un Gobierno, armado a las apuradas después de su ruidosa victoria electoral del año pasado y que, como se comenta en pasillos del Parlamento, aún está intentando (terminar de) construir el barco en el que navega y tratando al mismo tiempo de ganar destreza en el ejercicio del poder.

Esta particularidad quedó en evidencia, una vez más, en las últimas horas, con lo ocurrido en la cámara Alta, donde “una sumatoria de desinteligencias”, según fuentes cercanas al oficialismo, precipitaron el rechazo del mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23. “Se cometieron errores básicos y me parece que existe una incomunicación evidente entre el Senado y el Poder Ejecutivo nacional”, agregó la misma fuente.

“La decisión de tratar el DNU en la sesión especial del jueves pasado la tomó Villarruel de manera unilateral, entiendo yo por falta de comunicación”, remarcó. “Es pronto para decir si existe o no una interna con el Presidente; sí creo que es gente nueva en la función pública y no es fácil comprender a veces el ejercicio de la política”, acotó. Lo ocurrido en el Senado, también consideró la fuente, pone de manifiesto que más allá de la pirotecnia verbal de Milei y su “contundente estrategia de comunicación”, “las transformaciones profundas solo se llevan adelante tendiendo puentes y promoviendo leyes”.

Sorpresa

La inclusión del decreto 70/23 en el temario del debate parlamentario de la semana pasada en la cámara Alta tomó por sorpresa, incluso, a dirigentes de la oposición: “No había ninguna necesidad de tratar el DNU”, dijo otra fuente, del radicalismo. “Lo que nosotros vemos es una falta de conducción política en el Gobierno”, añadió. “Si el Gobierno no trabaja en acuerdos, no hace política y se sigue peleando con todos, le va a suceder lo mismo en Diputados”, subrayó.

“Yo creo que deben estar recontra preocupados en el Gobierno, van a necesitar mucha política para evitar que les conviertan otro gol en Diputados”, dijo. La misma fuente consignó que “existen tensiones” entre Villarruel y la Casa Rosada: “Ella está como desdibujada, se la ve aislada, sola”, expresó. Y también se refirió a la polvareda que levantó el senador Martín Lousteau, presidente además del partido radical, al votar en contra del decreto que intenta propulsar Milei: “Tomó una decisión sin evaluar el costo político”, manifestó.

“Hacia adentro en el bloque (radical) existía un consenso sobre que el DNU es inconstitucional, como planteó Martín, pero a la hora de votar, muchos votaron en función de lo que pedían los gobernadores”, completó. En este sentido, tras la derrota del oficialismo en el Senado, los mandatarios provinciales del radicalismo salieron de inmediato a diferenciarse de Lousteau y pidieron un partido más “moderno”.

“Queremos un cambio en el país y trabajamos para construir un partido moderno que acompañe las reformas estructurales que necesita hoy Argentina”, señalaron mediante un comunicado, al tiempo que expresaron su apoyo al orden de las cuentas públicas y al equilibrio fiscal que pregona el Gobierno. Los jefes de los bloques en el Congreso, el correntino Eduardo Vischi (Senado) y el cordobés Rodrigo De Loredo (Diputados), también firmaron el documento. Quedaron demarcados dos sectores. Los que tienen la responsabilidad de gobernar son más proclives a hacer concesiones.