Privatización de empresas públicas: números, críticas y el “no hay plata”

El presidente Javier Milei, ha lanzado una agresiva campaña para reformar las empresas estatales, desde la aerolínea hasta YPF y el Correo, mientras los legisladores frenan sus planes de privatizarlas.

Milei durante la campaña electoral describió la privatización de las empresas estatales de Argentina como una prioridad máxima, pero hasta ahora ha luchado por obtener el respaldo del Congreso.

Mientras tanto, sus funcionarios han iniciado recortes de gastos a gran escala en docenas de grupos estatales como parte de su esfuerzo por equilibrar el presupuesto de Argentina este año, abriendo feroces conflictos con el personal y los sindicatos.

“Todas estas empresas terminan dedicando, en el mejor de los casos, el 20% a sus fines específicos y el 80% en gasto de gestión”, le dijo Guillermo Francos, ministro del Interior de Milei, a LN+ el mes pasado. “Debemos luchar por la eficiencia”.

ASAP, una ONG que rastrea las finanzas gubernamentales, descubrió que Milei había recortado las transferencias a empresas estatales a $456.000 millones (U$S535 millones al tipo de cambio oficial, en febrero), una disminución del 61% en términos ajustados por inflación respecto al mismo mes de 2023, según revela un informe del Financial Times.

Las aproximadamente 40 empresas estatales prestan servicios públicos, incluidos trenes, saneamiento y energía. La mayoría operó con pérdidas bajo gobiernos anteriores. Ahora la administración de Milei ha nombrado nuevos directivos en muchos de ellos, con el mandato de recortar el personal y renovar sus estrategias.

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Un informe de la Fundación Libertad y Progreso señala que en el acumulado de doce meses hasta el tercer trimestre de 2023 (último dato disponible), de las 33 empresas relevadas por el Ministerio de Economía, 25 registran un déficit operativo. Es decir, el 75% no llega a compensar con sus ingresos lo que pierden por operar.

El déficit operativo sumado de las 33 empresas del sector público nacional no financiero fue de $1.303.545 millones en los doce meses hasta septiembre de 2023 (último dato disponible), equivalente a unos U$S2.897 millones al tipo de cambio financiero.

A propósito del pronunciamiento de los Gobernadores de las provincias patagónicas en favor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) el informe destaca que la empresa cubre con ingresos de operación apenas el 8% de sus gastos operativos. Con esto, YCRT se posiciona como la sexta empresa pública con peor relación entre ingresos y gastos de operación.

Juan Cruz Díaz, director general de la consultora política Cefeidas, dijo: “Hay mucho espacio para reducir costos, hacer las cosas más eficientes, mejorar la gestión (en las empresas estatales de Argentina). Pero el Gobierno tiene la ambición de actuar con mucha más intensidad. Es una cuestión de principios tanto como de costos”.

Una de las compañías más destacadas en la mira de Milei es Aerolíneas Argentinas, la empresa nacionalizada en 2008, que controla alrededor del 60% del mercado interno y es la única aerolínea que opera algunas rutas menos rentables.

En un decreto de emergencia, Milei permitió al Estado entregar las acciones de Aerolíneas a sus empleados. El decreto, rechazado por el Senado, sigue en vigor a menos que la Cámara de Diputados también lo rechace.

Durante los últimos tres meses, la nueva dirección de Aerolíneas designada por Milei ha abierto un programa de retiro voluntario para 8.000 de sus 12.000 empleados; canceló una ruta de Buenos Aires a La Habana que, según dijo, estaba perdiendo U$S500.000 al año; y prohibió a los funcionarios ganar millas para viajes personales en vuelos financiados por el Gobierno, lo que, según afirma, ahorrará U$S2,8 millones al año.

La administración de Milei también ha ofrecido aumentos salariales al personal de la aerolínea muy por debajo de la inflación.

A finales de febrero, los sindicatos de transporte aéreo realizaron un paro de 24 horas después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, ofreciera un aumento salarial del 12%. Rodrigo Borrás, secretario del sindicato de personal de tierra APA, dijo que se debía un aumento del 70%.

“Se niegan a negociar seriamente porque quieren crear una atmósfera de crisis para el personal y los pasajeros que justifique su plan de entregar los negocios rentables del Estado a manos privadas”, dijo Borrás. La oficina de Caputo no respondió a una solicitud de comentarios de Financial Times.

Históricamente, Aerolíneas ha recibido cientos de millones de dólares en fondos de los contribuyentes al año, pero ha reducido sus pérdidas en los últimos años.

Otros grupos estatales también se enfrentan a cambios drásticos bajo el gobierno de Milei.

Los datos oficiales muestran que en los primeros nueve meses de 2023, las empresas (excluyendo al grupo energético YPF y varias entidades financieras) tuvieron una pérdida colectiva de $1,13 billón, o U$S1.300 millones.

A principios de marzo, las autoridades cerraron las oficinas de la agencia estatal de noticias Télam, suspendiendo a sus 700 empleados mientras buscan una vía legal para cerrar permanentemente el medio. Dijeron que estaba en camino de perder aproximadamente $20.000 millones de pesos (U$S23,4 millones) este año.

Unos días después, 200 trabajadores fueron despedidos en Aysa, el proveedor de saneamiento del Gran Buenos Aires. Los funcionarios advierten en privado sobre cientos de despidos más en empresas estatales.

Bajo la dirección designada por Milei, YPF en la que el Estado tiene una participación del 51%, ha aumentado los precios, que anteriormente se mantenían muy por debajo de las tasas del mercado mundial, en casi un 180% desde noviembre.

El grupo, que cotiza en Nueva York, que tiene una capitalización de mercado de casi U$S9.500 millones, ha anunciado planes de desinvertir en yacimientos maduros de petróleo y gas para priorizar activos de shale oil más rentables en la Patagonia.

Los cambios en las empresas estatales todavía no están a la altura de las ambiciones de Milei: dijo durante su campaña que “todo lo que pueda estar en manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado”.

Sin embargo, vender empresas estatales requiere la aprobación del Congreso, donde Milei tiene menos del 15% de los escaños. Un esfuerzo inicial para obtener una amplia luz verde para las privatizaciones fracasó en enero. Luego, Milei dio a conocer una propuesta menos ambiciosa para privatizar total o parcialmente una docena de empresas.

Argentina pasó por una ronda más grande de privatizaciones en la década de 1990, cuando el presidente Carlos Menem vendió, disolvió u otorgó concesiones para más de 60 empresas estatales. Un grupo de empresas regresaron a manos del Estado en la década del 2000 bajo los presidentes Néstor y Cristina Fernández de Kirchner.

José Barbero, consultor de infraestructura y profesor de la Universidad Nacional de San Martín, dijo que Milei primero tendría que abordar “graves problemas de ineficiencia y baja productividad” si quiere vender empresas estatales.

El operador argentino de trenes de pasajeros, por ejemplo, “transporta la mitad de personas que su equivalente en San Pablo, pero con el doble de personal”, añadió.

Pero Barbero señaló que servicios públicos como los trenes de pasajeros y el saneamiento, que Milei espera entregar al sector privado mediante un modelo de concesión, probablemente no serían negocios viables sin grandes subsidios, un instrumento que Milei ha desdeñado repetidamente.

“Creo que el Gobierno todavía necesita examinar qué tiene sentido y qué no”, dijo Barbero. “No hicieron ese análisis antes de asumir el cargo”.

Milei ha dicho que YPF, de la que Argentina expropió el 51% de las acciones en 2012, necesitaría ser “reconstruida” antes de vender acciones estatales, que valen aproximadamente la mitad de lo que valían en 2011.

Horacio Marín, el ejecutivo de la industria petrolera al que Milei nombró director general de YPF, dijo en una llamada a inversionistas que su plan de desinvertir en sectores menos rentables, mejorar la eficiencia e invertir en infraestructura de exportación de gas natural licuado “multiplicaría el valor de la empresa en los próximos cuatro años”.

Pero Daniel Dreizzen, director de la consultora energética Aleph Energy, dijo que líderes anteriores de YPF habían intentado reformas similares y encontraron una feroz resistencia dentro de la empresa y entre los gobiernos provinciales.

“Es posible que la dirección que Milei ha fijado para la empresa le dé a Marín la influencia que necesita para finalmente superar esa resistencia”, dijo. “Pero mucho dependerá de su capacidad para gestionar las condiciones políticas y económicas, tal como sucederá con Milei. YPF es como una mini Argentina”.