El llamativo acuerdo entre libertarios y kirchneristas para frenar un proyecto que limita el poder de los gremios

En forma muy sorpresiva, el Gobierno le quitó el respaldo al proyecto de “Ley de Democracia Sindical” que se iba a tratar en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados. Los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) no firmarán el dictamen de mayoría, trámite indispensable para que luego sea tratado en el recinto.

Así, el oficialismo se alineó con el kirchnerismo en defensa de los intereses gremiales. Es algo que no pasa usualmente, una rareza, que atenta contra el relato “anticasta” del presidente Javier Milei. ¿O hay algo más casta que la burocracia sindical, con representantes que se atornillan a sus sillones de los gremios durante -literalmente- décadas?

Se esperaba ayer avanzar con un proyecto común que acordaron la UCR, el PRO y la Coalición Cívica (CC), que buscaba modificar algunas cosas del modelo sindical, sobre todo en lo relativo a la recaudación y a la democracia interna de las organizaciones. El PRO también había sido reticente pero finalmente por la mañana, en una reunión de bloque, ratificó que apoyarían la iniciativa.

“El Gobierno se da vuelta”

La actitud oficialista generó que, dos horas antes de la reunión de comisión, la cita fuera postergada y se pasó para la semana que viene.

“Lamentablemente, el Gobierno cachetea a Biró (Pablo, el secretario general del gremio de pilotos de Aerolíneas Argentinas) para la foto, pero después se da vuelta y se abraza a los Gordos de la Confederación General del Trabajo (CGT)”, consideró un decepcionado Martín Tetaz, diputado radical y presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo.

Y chicaneó: “Es lamentable porque este es el cambio que necesita la Argentina: frenar la reelección de los sindicalistas, más libertad en las obras sociales, transparencia en los fondos de los sindicatos. No sé cuál es el cambio que venían a hacer”.

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Se necesitan 16 firmas para emitir dictamen (la mitad más uno de los 31 miembros de la comisión). El proyecto aglutinaba entre 11 y 13, con el apoyo asegurado de la UCR (4 diputados), el PRO (5), la Coalición Cívica (1) e Innovación Federal (1). No estaban garantizados los 2 de Encuentro Federal, el bloque de Miguel Ángel Pichetto, un legislador de raíz peronista aunque alejado del kirchnerismo, viejo conocido de los jefes gremiales. Los libertarios tienen 5 miembros en esa comisión. Sin su apoyo, imposible que salga el dictamen.

Sobre Pichetto, claramente ofició a favor de los gremios. Fue, de hecho, uno de los principales detractores de los cambios laborales que se habían incluido durante la discusión de la Ley Bases. Él dice que prioriza la institucionalidad: antes que cualquier reforma de este tipo debe salir el Presupuesto 2025, explica.

La decisión del Gobierno aparentemente respondió a un pedido directo del ala más blanda de la CGT a dos altos interlocutores oficiales: el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el asesor todo poderoso, Santiago Caputo. En el Congreso, las conversaciones para conseguir que se bajen apoyos a la medida las entabla el diputado nacional Sergio Palazzo (Unión por la Patria, muy cercano a Cristina Kirchner), líder del gremio bancario y vicepresidente de la Comisión del Trabajo.

El acuerdo

Casi infantilmente, en el Gobierno niegan lo evidente: un acuerdo con la bancada peronista para, por ahora, dormir el proyecto que propone modificaciones en las leyes 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo y 23.551 de Asociaciones Sindicales. Tal vez lo más osado que se intentó desde la famosa y fallida Ley Mucci, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, que marcaría el inicio de la pésima relación entre los gremios y esa gestión de signo radical.

“Viene la marcha universitaria y no queremos sumar malestar”, habría dicho Martín Menem, titular de la Cámara baja, a sus colegas de la oposición dialoguista a modo de explicación. Se refiere a la marcha contra el Gobierno organizada por la comunidad universitaria, en rechazo al prometido veto presidencial contra la ley que garantizó el financiamiento extra para las casas de altos estudios. Hasta ahora ese veto no se firmó. Se verá qué pasa al regreso del Presidente de Estados Unidos.

Lo dicho: hubo tensión con el PRO cuando Menem comunicó la decisión oficial y pidió que los amarillos acompañaran esa postura. Muchos de los conducidos por Cristian Ritondo pusieron el grito en el cielo por ceder ante la presión de la CGT y eso obligó a que se hiciera de urgencia una reunión del bloque. Allí finalmente se ratificó el apoyo al dictamen del Proyecto. “Incorpora muchas de las propuestas impulsadas por nuestro espacio y forma parte central de nuestra agenda parlamentaria”, destacaron en un comunicado de prensa.

Una zona gris

En los hechos, la iniciativa quedó en una zona gris. El “Proyecto de Ley de Democracia Sindical” tiene 18 artículos y condensa una veintena de iniciativas sobre el tema que embisten contra algunos pilares del gremialismo. Si bien no toca el sistema de personería, propone eliminar la reelección perpetua de los sindicalistas, prohíbe la llamada cuota solidaria (gran mecanismo compulsivo de recaudación), garantiza la representación de las minorías en los cuerpos deliberativos y directivos de los sindicatos, obliga a presentar declaraciones juradas de los popes y fija medidas para “democratizar las obras sociales”, entre otros puntos.

Los gremios ya se habían comido la muy tenue reforma laboral en la Ley Bases, cuyo decreto reglamentario se conocerá en las próximas horas, en la que la CGT había logrado atenuar el artículo que creaba la figura del trabajador independiente que tiene a su cargo a otros autónomos y además tiene el compromiso del Gobierno de que no se reglamentará el artículo que penaliza los bloqueos sindicales a empresas. Antes, habían logrado suspender judicialmente el capítulo sobre el trabajo en el DNU 70/2023, hoy a la espera de una definición de la Corte Suprema nacional.