Menor presión fiscal: la renta agrícola registra su nivel más bajo en siete años

La presión fiscal sobre el agro mostró una baja significativa y alcanzó su nivel más bajo en los últimos siete años. Así lo indica la última medición del Índice de Participación del Estado en la renta agrícola, elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), que ubicó la carga impositiva en el 56,3%. El registro es el segundo menor desde que comenzó la serie histórica en 2007 y refleja el impacto directo de la reducción de retenciones aplicada en diciembre, aunque no modifica de fondo la elevada incidencia de los impuestos sobre la actividad.

El informe marca una caída de más de cuatro puntos porcentuales respecto de septiembre, cuando el indicador se situaba en 60,9%. En términos concretos, significa que de cada 100 pesos generados por una hectárea agrícola, más de 56 se destinan al pago de impuestos. Si bien el alivio es valorado por el sector, la presión fiscal continúa limitando la rentabilidad y la capacidad de reinversión.

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Desde FADA remarcan que cada punto de reducción tiene un efecto directo sobre la economía. “Con menos impuestos se va destrabando esa rueda en la que estamos todos y eso permite que la economía empiece a moverse”, explicó la economista Antonella Semadeni al analizar el impacto de la baja en los Derechos de Exportación.

El índice mide qué proporción de la renta agrícola queda en manos del Estado una vez cubiertos todos los costos productivos, como semillas, fertilizantes, labores, salarios, fletes y seguros. Tras la comercialización del grano, el resultado económico se reparte en tres componentes. “La plata que queda después de pagar los costos se reparte entre el alquiler de la tierra, la ganancia del productor y los impuestos”, detalló Fiorella Savarino, economista de la fundación. Según el relevamiento, el 27,9% de la renta corresponde al dueño de la tierra, el 15,8% a la ganancia y el 56,3% al pago de tributos.

La mejora del indicador se explica por dos factores centrales: la reducción de las retenciones, que dejaron las alícuotas en 24% para soja, 8,5% para maíz, 7,5% para trigo y 4,5% para girasol, y una suba en los precios de la soja y el maíz, que incrementó el valor de la producción y de la renta medida en pesos.

De cara a la campaña 2025/26, el informe de FADA proyecta un escenario más previsible y con crecimiento en volumen. Se estima un aumento cercano al 18% en la producción conjunta de soja, maíz, trigo y girasol, equivalente a unas 16 millones de toneladas adicionales. El mayor impulso vendría del maíz, con una suba del 16%, del trigo, que se encamina a una campaña récord con un incremento del 38%, y del girasol, con un alza del 23%. La soja, en cambio, mostraría una leve caída del 2%. En precios, el panorama es más moderado, con valores que se mantendrían similares a los actuales.

En materia tributaria, del total de impuestos que paga una hectárea agrícola, el 56,5% corresponde a tributos nacionales no coparticipables, el 37,1% a nacionales coparticipables, el 5,7% a provinciales y apenas el 0,7% a municipales. La menor participación de los impuestos no coparticipables es uno de los datos destacados del informe y está directamente vinculada a la baja de las retenciones.

El relevamiento también muestra diferencias regionales. Mientras el promedio nacional es del 56,3%, Córdoba registra un 54,3%, Buenos Aires un 54,5%, Santa Fe un 53,5%, La Pampa un 53,6%, Entre Ríos un 60,3% y San Luis un 51,4%, variaciones que responden a rindes, estructuras de costos y gravámenes locales.

“El mensaje de fondo es claro: aun con señales positivas y mayor previsibilidad, la mochila impositiva sigue siendo pesada”, concluyó Semadeni. Y mientras más de la mitad de la renta agrícola continúe destinada a impuestos, el debate sobre la presión fiscal seguirá ocupando un lugar central en cada campaña.