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JORGE COLINA
En 2024 la recaudación impositiva nacional fue un 4% inferior en términos reales respecto a 2023. La porción de impuestos nacionales que se coparticipa a las provincias tuvo una reducción del 8%. O sea, la coparticipación cayó más que la recaudación nacional.
Esto es porque la coparticipación se hace con reglas fijas sobre determinados impuestos (no todos los nacionales) lo que hizo que los que se distribuyen automáticamente a las provincias sean los que más perdieran con la inflación. Por eso los gobernadores se juntaron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y le pidieron al Gobierno nacional rediscutir el acuerdo fiscal. Que no es otra cosa que pedir rediscutir la coparticipación.
Es muy sano e inédito que los gobernadores no reaccionen mendigando recursos o exigiéndolos judicialmente al Estado nacional, sino que propongan una rediscusión de la distribución de los impuestos.
En esta rediscusión el impuesto provincial que tiene que entrar es Ingresos Brutos porque causa mucho daño a la competitividad de las empresas. Es particularmente dañoso porque es en cascada. Es decir, pesa más en los exportadores argentinos y en los que compiten contra importaciones porque al ser en cascada va gravando todos los eslabones de la cadena de valor, mientras que las importaciones no tienen cadena de valor en Argentina, por lo tanto, pagan mucho menos Ingresos Brutos.
Pero otro elemento anticompetitivo decisivo que tiene Ingresos Brutos (y que a la mayoría de los economistas se les escapa) es que sus regímenes de pago adelantado generan saldos a favor de los contribuyentes que son incobrables; mucha burocracia dentro de las empresas con altos costos administrativos en los departamentos de impuestos y gran inseguridad jurídica. Hay multinacionales que no pueden certificar balances con auditorias internacionales por el “chino” que son los saldos a favor que, en teoría son un crédito, pero por lo incobrable que son, en la práctica, se transforman en un mayor costo (oculto, porque legalmente no dejan de ser crédito).
Cuestión es que el Gobierno nacional seguro que les va a pedir a las provincias que bajen Ingresos Brutos por el tremendo daño que hacen a la competitividad.
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La pregunta es qué viabilidad hay que las provincias bajen Ingresos Brutos.
Según datos del Ministerio de Economía para 2024 se observa que Ingresos Brutos recauda el 26% de los ingresos totales provinciales: las provincias más grandes (CABA, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza) representan el 34% de sus ingresos.
Lo peor de todo es que casi el 60% se recauda a través de los regímenes de pago adelantado donde el principal es el SIRCREB que son las retenciones de Ingresos Brutos que hacen las provincias sobre las cuentas bancarias de los contribuyentes.
Entonces, Ingresos Brutos es una fuente de financiamiento muy importante para la mayoría de las provincias, principalmente las más grandes, y encima su recaudación depende decisivamente de los regímenes de pago adelantado.
Estos datos indican que, si las provincias bajan Ingresos Brutos, va a ser por montos marginales y, lo peor, es que van a seguir usando los regímenes de pago adelantado. Por lo tanto, la competitividad argentina está en un horrible brete.
Conclusión: si se quiere aumentar la competitividad argentina no queda otra que la total eliminación de Ingresos Brutos y su reemplazo por un “Súper IVA”. Es profundizar el camino que señaló el presidente Javier Milei en el sentido de establecer que 10 puntos porcentuales del IVA se distribuyan automáticamente a la Nación y los otros 11 puntos porcentuales del actual IVA se distribuyan automáticamente a las provincias donde se generó.
Luego, cada provincia le adiciona a los 11 puntos que le corresponde la sobrealícuota que estime conveniente para financiar su gasto. De esta forma se producirá la competencia de alícuotas entre provincias que propone el Presidente y, lo más importante, cada provincia pasará a financiarse con los impuestos que se generan en su territorio. Esto es un enorme incentivo a la clase dirigente provincial a generar valor agregado territorial.
Para las provincias del norte, cuya base tributaria del IVA es insuficiente para cubrir sus requerimientos de servicios públicos y sociales, hay que constituir un fondo de nivelación hasta tanto desarrollen infraestructura para la generación de mayor valor agregado. Este fondo de nivelación es muy diferente a la coparticipación en el sentido de que es un monto acotado focalizado solo en las provincias menos desarrolladas.
Lo que los gobernadores le están proponiendo el Presidente no es otra cosa que poner en funcionamiento el Acta de Mayo que él mismo lanzó el año pasado. Es por aquí.
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