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Una compleja investigación judicial se ha iniciado tras el violento ataque al domicilio del diputado nacional José Luis Espert, ocurrido el pasado martes 17 de julio. La causa, que está develando una trama que entrelaza militancia política, el presunto uso indebido de recursos estatales y posibles irregularidades en la obra pública, ha puesto el foco en la Municipalidad de Quilmes tras el hallazgo de uno de los vehículos utilizados en el incidente.
El día del ataque, que coincidió con la oficialización del arresto domiciliario de Cristina Fernández de Kirchner, un grupo de encapuchados descendió de una camioneta y arrojó bolsas de estiércol frente a la casa del legislador, además de colocar un cartel con la leyenda: “Acá vive la mierda de Espert”. Inicialmente caratulado como amenazas, la causa a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, ha entrado en secreto de sumario ante la posible ampliación de delitos más graves, incluyendo intimidación pública y malversación de bienes públicos.
Uno de los vehículos identificados en el ataque, un Renault Clío, pertenece a Alexia Abaigar, funcionaria del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, y militante de La Cámpora. Abaigar, directora de Sensibilización y Derechos de dicho organismo, fue detenida junto a su madre y una expareja, quienes, aunque no habrían participado directamente en el hecho, sí estaban autorizadas a utilizar el rodado. La defensa de Abaigar fue asumida por el abogado Daniel Llermanos, exjuez federal y conocido por sus vínculos con la familia Moyano y su activa defensa en causas relacionadas con el kirchnerismo, incluyendo la presentación de un amparo ante la Corte Suprema en favor de Cristina Kirchner.
No obstante, el caso dio un giro de mayor gravedad para el distrito de Quilmes al identificarse la segunda unidad utilizada en el ataque: una camioneta Chevrolet S10. La Justicia determinó que este vehículo había sido cedido por la empresa Centro Construcciones a la Municipalidad de Quilmes en el marco de una licitación para la obra de renovación del Acceso Sudeste, adjudicada en 2021 por un monto superior a los 900 millones de pesos. La camioneta S10 fue hallada estacionada en un garage oficial del municipio de Quilmes y, según los registros fílmicos obtenidos, habría sido utilizada por los encapuchados en el ataque a Espert.
Hasta el momento, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quien es líder local de La Cámpora, no ha emitido declaraciones públicas al respecto ni ha informado sobre la toma de medidas administrativas internas tras el hallazgo de un vehículo bajo la órbita de su gestión en un hecho de esta naturaleza. La concejal quilmeña Estefanía Albasetti (LLA) denunció que “Centro Construcciones cobró por una obra que nunca finalizó”, y ahora la firma es investigada por su posible participación en el uso indebido de recursos públicos.
La causa, que avanza con grabaciones, geolocalización de teléfonos y testimonios clave, podría derivar en imputaciones por delitos que van más allá de una amenaza puntual. La utilización de un vehículo de un contratista público en un acto intimidatorio plantea la posibilidad de corrupción agravada. Mientras tanto, el gremio ATE ha salido a respaldar a Abaigar con la consigna: “Presa por mujer y peronista”. Por su parte, el abogado Llermanos ha minimizado el hecho, calificándolo como una simple contravención y asegurando que su clienta actuó en reacción a declaraciones de Espert sobre Cristina y Florencia Kirchner.
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La Justicia y la opinión pública se plantean interrogantes centrales: ¿Pudo la intendenta Mayra Mendoza desconocer el uso de la camioneta oficial en el hecho? ¿Se tomaron medidas internas en el municipio luego del hallazgo del vehículo involucrado? Por el momento, no hay respuestas oficiales. El expediente se encuentra bajo secreto de sumario y se esperan más allanamientos, peritajes y nuevas detenciones, lo que sugiere que la causa apenas comienza pero ya amenaza con escalar hasta las más altas esferas del kirchnerismo bonaerense.
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