El fin de la “emergencia”, un punto de inflexión para el Gobierno de Milei

Pasado mañana será una jornada que marcará un punto de inflexión para el Gobierno de Javier Milei: se cumplirá un año de la entrada en vigencia de la Ley Bases, y con ello vencerá la declaración de emergencia que habilitó al Poder Ejecutivo a avanzar, por un plazo de doce meses, en medidas de desregulación y reestructuración del Estado sin la necesidad de pasar por el Congreso. A partir de entonces, desde el Ejecutivo perderán una herramienta central que le permitió realizar cambios en áreas como la administración pública, la economía, las finanzas y la energía.

En el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, donde tachan los días hasta el miércoles 9 de julio, comenzaron a acelerar algunas tareas. Tal fue así que, en las últimas jornadas antes del vencimiento, el Ejecutivo apuró la firma y publicación de reformas que permanecían en borrador.

Se destaca la modificación a la Ley de Inversiones Mineras, que simplifica los trámites para obtener certificados de estabilidad fiscal, y la eliminación de las LEFI, letras emitidas por el Tesoro que funcionaban como referencia de tasa para los bancos. Esta última medida busca redirigir los fondos líquidos del sistema financiero hacia instrumentos como las Lecap, con rendimientos definidos por el mercado, y se complementa con un canje entre el Tesoro y el Banco Central para resolver las colocaciones existentes.

Al mismo tiempo, se acumulan decretos pendientes vinculados a la reorganización de organismos públicos, muchos de ellos listos para ser publicados. Se trata de reformas a estructuras como Vialidad Nacional, Corredores Viales y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, además de organismos del transporte aéreo como la ANAC, el ORSNA y EANA. Sin embargo, la complejidad legal, los convenios internacionales y la superposición de competencias han dificultado la implementación de estos cambios, que el Gobierno considera clave para avanzar en la reducción del Estado.

En otras áreas, como sanidad y tecnología, los planes originales de fusión de organismos como el SENASA, el INTI y el INTA tampoco se concretaron, y las expectativas se redujeron a una baja en la cantidad de cargos jerárquicos. Según fuentes oficiales, solo el INTA cuenta con más de 900 puestos de jefatura. La estrategia, en estos casos, apunta a racionalizar estructuras sin avanzar en cierres formales, una modalidad similar a la aplicada en Cultura, donde el Instituto de Estudios Juan Domingo Perón fue disuelto mediante decreto.

El artículo 3 de la Ley Bases fue una de las herramientas centrales del período. Autorizaba al Poder Ejecutivo a reorganizar, centralizar, fusionar o transferir funciones de organismos estatales. Aunque su redacción no establece una vigencia explícita, se interpretaba como parte del paquete de facultades delegadas dentro del año de emergencia. Algunos sectores del Gobierno sostienen que aún podría aplicarse, pero el consenso general es que, con el vencimiento de la emergencia, esa capacidad especial queda sin efecto.

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