La indagatoria a Cristian Graf, el principal sospechoso por el crimen del adolescente Diego Fernández en 1984, fue rechazada por el juez Alejandro Litvack, quien devolvió la causa a la fiscalía ante diversas incongruencias en el pedido del fiscal Martín López Perrando.
De acuerdo a la información que se pudo acceder, el juez manifestó en su escrito que no cuentan “con una concreta imputación bajo la cual intimar debidamente al acusado”.
El fiscal había solicitado que Graf sea indagado por los delitos de encubrimiento agravado y supresión de evidencia al sostener que el acusado “buscó silenciar el crimen de Diego Fernández”.
“Si bien, por el paso de los años, la acción penal está prescripta, desde la fiscalía procuran avanzan con la investigación para reconstruir los hechos y arrojar luz sobre lo que le ocurrió a la víctima”, se destaca en la presentación de Perrando.
Sin embargo, el juez destacó que “se desprende del mismo el desarrollo de una valoración efectuada por el Sr. Fiscal de los motivos que lo llevaron a entender que se encuentra reunido el estado de sospecha para recibirle declaración indagatoria a Graf y de las pruebas que existen al respecto, pero lo cierto es que no circunscribió adecuadamente los términos en que quiere que se lo intime al encausado”.
Frente a esta sospecha, la autoridad remarca que esto podría, no sólo constituir una afectación a un adecuado ejercicio de defensa, sino que, también, podría ser un obstáculo para que la propia fiscalía.
Si bien el magistrado indicó que Perrando no imputó a Graf, si no que solo se trató de una calificación legal, cada medida debe “contener una hipótesis delictiva concreta, a partir de la cual el imputado podrá ejercer su defensa, y que los diversos actos procesales que eventualmente sucedan a la indagatoria deben ser respetuosos del principio de congruencia”.
“De momento no se encuentran determinados los hechos por los cuales la fiscalía solicitó que se le reciba declaración indagatoria a Graf”, continúa el escrito.
Asimismo, en la resolución el juez puso en manifiesto algunas dudas respecto a los dos abogados del ex compañero de Fernández.
Por estos motivos, decidió devolver la causa a la fiscalía a cargo para que readecue legalmente su petición, “a efectos de no vulnerar la garantía del debido proceso, y evitar posibles futuras nulidades que pudieran entorpecer el avance correcto de este proceso”.
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