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El reciente triple crimen de Brenda Del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), ocurrido en Florencio Varela, volvió a poner en evidencia un fenómeno que preocupa a especialistas y organizaciones: la intersección entre la violencia de género y el crimen organizado. Según el Observatorio La Casa del Encuentro, entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2025 se registraron 109 femicidios en el país, de los cuales 9 ocurrieron en contexto de narcocriminalidad, lo que representa el 8,5 por ciento del total. Hacia agosto, la cifra ascendió a 178 femicidios, de los cuales 12 estuvieron vinculados a redes de narcotráfico.
El caso de Varela refleja el grado de brutalidad que puede alcanzar esta violencia: las jóvenes fueron engañadas con la promesa de una fiesta, pero en realidad cayeron en una emboscada. Fueron torturadas, mutiladas, asesinadas y sus cuerpos intentaron ser calcinados. Uno de los aspectos más escalofriantes es que parte de los crímenes fue transmitida en vivo a través de redes sociales y vista por 45 personas. El episodio ilustra no solo el extremo sadismo con el que actúan algunos grupos criminales, sino también el uso de los cuerpos de las mujeres como instrumento de venganza y de exhibición de poder.
Especialistas destacan que, aunque los femicidios narco no constituyen la mayoría, su crecimiento resulta alarmante. No solo son particularmente crueles, sino que suelen darse en territorios atravesados por la marginalidad, el control de bandas criminales, la falta de presencia policial y la precariedad de los servicios estatales. Las víctimas son con frecuencia adolescentes o jóvenes de sectores vulnerables, lo que incrementa su exposición al riesgo.
La visibilización de esta problemática sigue siendo un desafío. Muchas veces los casos quedan tipificados como homicidios comunes y no se los inscribe dentro de la categoría de femicidios, lo que oculta la dimensión de género y dificulta un abordaje más integral. Organizaciones feministas y especialistas en criminología subrayan que estos crímenes no solo son producto de conflictos entre bandas, sino que también reproducen patrones de violencia misógina.
Otro aspecto que los distingue es el carácter de “escarmiento” que los grupos narcos imprimen a los asesinatos, marcados por la tortura, el ensañamiento y la exposición pública del horror. No se trata solo de eliminar a una persona sino de mandar un mensaje de poder y control, que en muchos casos tiene como blanco a las mujeres por su condición de género y por el rol que ocupan dentro o fuera de las redes criminales.
Frente a esta realidad, especialistas y organizaciones coinciden en la necesidad de avanzar en registros oficiales que identifiquen con precisión los femicidios en contexto de narcocriminalidad. También insisten en el refuerzo de programas de protección para mujeres y adolescentes de barrios más vulnerables, en la investigación efectiva de los móviles y las conexiones con bandas criminales y en el fortalecimiento de políticas integrales que aborden no solo la violencia de género sino también las desigualdades estructurales que permiten que el narcotráfico se asiente en los territorios.
El hecho de que casi uno de cada diez femicidios en Argentina se produzca en contextos ligados al narcotráfico demuestra que la violencia de género no es solo un fenómeno doméstico o íntimo. La realidad expone cómo el crimen organizado convierte los cuerpos de las mujeres en territorio de disputa, y evidencia la urgencia de una respuesta coordinada del Estado y la sociedad que enfrente de manera conjunta la violencia patriarcal y el avance de las redes narco.
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