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Se trata de Mauricio Ozorio (argentino, de 28 años), uno de los laderos del sanguinario traficante que habría ordenado torturar y asesinar a Morena, Brenda y Lara. El fiscal habló de un “sufrimiento inhumano”
Ozorio, ladero de Pequeño J. Y Lázaro Sotacuro, detenido en Bolivia
A una semana del hallazgo de los cuerpos descuartizados de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20), en una vivienda de Villa Vatteone, Florencio Varela, la investigación judicial se concentra en localizar a los presuntos responsables: el presunto líder narco peruano conocido como “Pequeño J” y su ladero, Mauricio Ozorio, de 28 años, sobre quien la Justicia ordenó la captura nacional e internacional.
Ozorio, alias “Tati”, fue incluido en una circular roja de Interpol tras confirmarse su participación en el asesinato de las tres jóvenes, junto a otros miembros de la banda. Según la investigación, y tal como viene informando EL DIA, las víctimas fueron torturadas y asesinadas con ensañamiento, en lo que se califica como homicidio agravado con violencia de género. Los cuerpos fueron enterrados en el patio de la casa donde ocurrieron los crímenes, tras ser golpeadas y cortadas con armas blancas. Las torturas incluso fueron transmitidas en vivo a través de redes por la organización narco, en lo que la Justicia interpreta como un mensaje de disciplinamiento a otros miembros del grupo.
Mientras los familiares de las víctimas despedían ayer a las jóvenes en sendos funerales (ver aparte), las fuerzas de seguridad desplegaron operativos en distintos barrios del sur del Conurbano y en la Ciudad de Buenos Aires para dar con los sospechosos. En este contexto “Pequeño J” sigue siendo un fantasma para la Justicia: no tiene DNI conocido ni antecedentes judiciales previos, y se cree que su base de operaciones podría ubicarse entre la Villa Zavaleta y la Villa 1-11-14.
En paralelo, la búsqueda de Ozorio se intensifica. Su domicilio se vincula con la Villa 21-24, aunque se mueve entre distintos asentamientos del sur de Buenos Aires. La Justicia lo considera al menos cómplice del crimen y lo señala como integrante de la estructura de la banda, con participación directa en los ataques a las jóvenes. La PFA y la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones trabajan junto a Interpol para localizarlo y detenerlo.
La hipótesis de la venganza narco como móvil del triple homicidio fue aportada por una mujer que figura entre los primeros cuatro sospechosos detenidos previamente, quienes se negaron a declarar el jueves. Andrés Parra, Miguel Villanueva Silva, Celeste González Guerrero y Daniela Ibarra fueron imputados por “homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.
Por estas horas el caso exhibe un entramado de violencia extrema, control territorial y ajustes internos en bandas de narcomenudeo que no deja de sorprender a las autoridades. Según fuentes oficiales, la transmisión de las torturas habría tenido como objetivo mostrar la autoridad de Pequeño J sobre sus lugartenientes, reforzando la estructura de miedo que mantiene sobre la organización.
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Por ahora, la prioridad de la Justicia y de las fuerzas de seguridad es dar con el paradero de Pequeño J y Mauricio Ozorio.
El primer fiscal que intervino en la causa, Gastón Duplaá, describió que el ataque a las víctimas estuvo marcado por un “sufrimiento inhumano”. Por otro lado ayer se confirmó la incorporación de una cuarta fiscal al expediente. Se trata de Lorena Pecorelli, quien se suma a Adrián Arribas, Diego Rulli y Claudio Fornaro.
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