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Para aprobar el proyecto, LLA depende del respaldo de los mandatarios provinciales. Muchos anticipan “buena voluntad”, pero también piden atender sus demandas
Milei, en una reunión con gobernadores en Casa Rosada / web
Los gobernadores serán la llave para avanzar con la reforma laboral que el gobierno de Javier Milei quiere aprobar en el Congreso entre el 10 y el 12 de febrero. Sin el apoyo de los mandatarios provinciales, difícilmente el oficialismo pueda sacar adelante una de las iniciativas emblema del programa económico libertario, para la que no le sobran los votos. El diálogo se impone y las negociaciones —con el ministro del Interior, Diego Santilli, a la cabeza— ya están en marcha.
Uno de los puntos de mayor controversia en el tira y afloje con los gobernadores pasa por la reducción del impuesto a las Ganancias para las empresas, que los mandatarios provinciales reclaman que sea progresiva.
La medida no es bien vista por los gobiernos provinciales, ya que los recursos de Ganancias se reparten de forma automática desde la Nación. Los gobernadores temen que, al reducirse la recaudación de este tributo, se vea afectada la coparticipación sin un mecanismo compensatorio claro. La sensación, como ironizan incluso en distritos aliados a la Casa Rosada, es que “Milei siempre baja los impuestos que no recauda”.
Para sortear estas resistencias, en La Libertad Avanza (LLA) analizan implementar una baja progresiva del tributo. Una suerte de “anuncio negociador” para evitar una caída abrupta de los recursos coparticipables y, a la par, impedir que las provincias se opongan en bloque al proyecto y se conviertan en un obstáculo en el Senado.
Cierto es que el grueso de los jefes provinciales ha mostrado “buena voluntad” hacia el Gobierno, pero no parecen dispuestos a acompañar a ciegas la reforma laboral sin negociar una moneda de cambio.
En la última semana, algunas señales llegaron desde Neuquén, Tucumán, Mendoza y La Pampa.
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El gobernador neuquino, Rolando Figueroa, reclamó coparticipar el impuesto a los combustibles, mientras que funcionarios de Osvaldo Jaldo, en Tucumán, manifestaron su preocupación por el recorte de fondos nacionales.
Por su parte, el gobernador radical mendocino Alfredo Cornejo entregó un petitorio a Santilli para acelerar obras clave en la provincia. A la vez, un grupo de mandatarios busca que el Ejecutivo nacional acelere el pago de las deudas previsionales que aún mantiene con sus distritos.
En este escenario, el ministro del Interior —que asegura contar con los respaldos de Cornejo, del sanjuanino Marcelo Orrego y del chaqueño Leandro Zdero— tiene previsto reunirse en Salta con el gobernador Gustavo Sáenz; en Neuquén, con Figueroa; y en Entre Ríos, con Rogelio Frigerio.
Por el lado del peronismo, más allá de la oposición dura a Milei que encarna el bonaerense Axel Kicillof, otro que se mantiene al margen es el pampeano Sergio Ziliotto, quien rechaza la reforma laboral y recurrió a la Justicia por la deuda que le reclama a la Nación.
En el kirchnerismo, en tanto, se mantiene un llamativo silencio en una discusión en la que otros sectores del PJ comienzan a impulsar una suerte de contrarreforma laboral. El proyecto alternativo busca contemplar demandas de gobernadores y trabajadores, como la ultraactividad de los convenios colectivos y la inclusión del empleo en plataformas, ausentes en la ley propuesta por Milei.
La iniciativa apunta además a blindar la actividad sindical, más allá de que la CGT —histórica columna vertebral del peronismo— no participa activamente de su redacción.
Hijas de la propia interna peronista, las tensiones gremiales se reflejan en la postura dividida que la CGT muestra frente al proyecto libertario. Si bien hay dirigentes que, de manera individual, se involucran en la discusión y advierten sobre los riesgos de la reforma, hasta ahora la central obrera no ha logrado fijar una posición unificada.
Con todo, la iniciativa libertaria se anticipa como una prueba clave de gobernabilidad en el Senado, primera parada del proyecto.
Con Patricia Bullrich como principal espada legislativa, el oficialismo cuenta en la Cámara alta con un interbloque de 21 senadores, lejos del número necesario para abrir el recinto y alcanzar el quórum de 37. De allí que la negociación con bloques provinciales y partidos aliados resulte decisiva, aun cuando en el Gobierno confían en sumar apoyos, especialmente de la UCR y el PRO.
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