San Nicolás: avanza causa judicial por presuntas irregularidades en planta de Sidersa

La construcción de una planta siderúrgica de la empresa Sidersa en San Nicolás, impulsada por la firma, fue denunciada por la ONG «Unidos por la Vida y el Ambiente» (UPVA) ante la Justicia por presuntas irregularidades administrativas y posible impacto ambiental, en un expediente que se tramita desde hace más de dos años y actualmente se encuentra en etapa de apelación.

De acuerdo con lo señalado por el abogado de la organización, el caso “desde hace más de dos años” avanza en sede judicial, donde “se inició una causa civil y otra penal”, en el marco de una investigación que analiza tanto la legalidad de las actividades como sus consecuencias ambientales.

El conflicto se originó a partir de la explotación de una cava ubicada en las cercanías del arroyo Ramallo, en un área próxima al puente del Club de Cazadores y Pescadores sobre la autopista. Según la ONG, en ese lugar se realizó una extracción de tosca a gran escala que habría generado un fuerte impacto en el ecosistema de la cuenca.

Desde la entidad denunciante sostienen que la investigación permitió establecer que dicha actividad se desarrollaba fuera de los marcos legales vigentes. En ese sentido, afirmaron que “la extracción de tosca no tenía habilitación ni provincial ni municipal”, lo que, según el abogado de UPVA, “estaba generando un enorme daño ambiental”.

En el desarrollo de la causa se llevaron adelante distintos procedimientos judiciales. El letrado indicó que “intervino personal de delitos ambientales” y que se realizaron allanamientos con participación de la Policía Federal, medidas solicitadas por el fiscal a cargo, Dr. Matías Di Lello.

A partir de estas actuaciones, se reunieron elementos que permitieron reconstruir el circuito del material extraído. Según los denunciantes, “hubo avances probatorios” que determinaron que la tosca era transportada en camiones que luego “descargaban en el predio” donde se ejecuta la ampliación industrial de Sidersa.

La denuncia también involucra a organismos provinciales vinculados a la actividad minera. El abogado de la ONG afirmó que la explotación “no cuenta con aval de la Dirección de Minería de la provincia de Buenos Aires”, lo que reforzaría la hipótesis de que se llevó adelante sin los permisos correspondientes.

Otro de los aspectos cuestionados es la continuidad de las obras mientras el expediente sigue en curso. En ese sentido, el letrado señaló una “resistencia del juez de la causa, el Dr. José Ricardo Eseverri, del Juzgado en lo Civil y Comercial, de paralizar la obra”.

Mientras tanto, los trabajos en el predio continúan y presentan un avance cercano al 20 por ciento. Esta situación incrementa la preocupación de la organización denunciante ante la posibilidad de que el proyecto avance sin una resolución judicial definitiva.

En paralelo, la empresa obtuvo la aprobación para incorporarse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un esquema nacional que promueve proyectos de gran escala mediante beneficios fiscales y arancelarios, como la importación de bienes esenciales con franquicias tributarias y aduaneras.

De este modo, la causa judicial sigue abierta mientras la obra progresa, en un escenario que mantiene en debate tanto el impacto ambiental de las actividades denunciadas como la legalidad del desarrollo industrial.