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EE UU demanda a las tabacaleras por 280.000 millones de dólares

21 de Septiembre de 2004 | 00:00
WASHINGTON.- El gobierno de Estados Unidos comienza hoy una batalla judicial por 280.000 millones de dólares, cifra que -según la demanda- las grandes compañías tabacaleras obtuvieron de los consumidores al ocultar los peligros del cigarrillo.

La industria del tabaco manipuló los niveles de nicotina para aumentar la adicción, apuntó a los adolescentes con campañas de publicidad multimillonarias, clamó falsamente que los cigarrillos de bajo contenido de alquitrán eran más sanos, mintió sobre los peligros de fumar y manipuló u ocultó estudios que señalaban lo contrario, según abogados del Gobierno.

Entre los acusados están Philip Morris USA -que controla casi la mitad del mercado de tabaco de Estados Unidos-, RJ Reynolds Tobacco, Loews Corp's Lorillard Tobacco, Brown and Williamson -que forma parte de British American Tobacco PLC- y Liggett Group. Los fabricantes de cigarrillos "han ejecutado -y siguen haciéndolo- una masiva conspiración, que lleva cincuenta años, para engañar al público", según la denuncia del Gobierno. El plan resultó "en extraordinarias ganancias durante el último medio siglo, pero ha tenido consecuencias devastadoras en la salud pública".

"CONSPIRACION FRAUDULENTA"

En 1953, los jefes de cinco de los principales fabricantes de tabaco se reunieron en el Hotel Plaza de Nueva York para desarrollar un plan a fin de "conducir en conjunto una campaña de relaciones públicas a largo plazo para contrarrestar la creciente evidencia que vinculaba fumar con una gran cantidad de enfermedades serias", indicó el documento. El resultado fue una "conspiración fraudulenta" en la que la industria cuestionó la amplia evidencia contra el tabaco y auspició sus propias investigaciones "independientes" para engañar al público y negar el daño del cigarrillo.

Los abogados del departamento de Justicia también pretenden lograr controles más estrechos en la fabricación de cigarrillos, en su mercado, venta y etiquetado. La demanda se basa en la Ley RICO (contra Organizaciones Corruptas y Mafiosas), lo que da "un primer indicio de la amplitud de las acusaciones del Gobierno", dijo William Ohlemeyer, abogado de Altria, empresa madre de Philip Morris. Las empresas tabacaleras "venden productos peligrosos y adictivos, pero lo hacen con una advertencia sobre la salud", dijo. La mayoría de las acusaciones de fraude del departamento de Justicia apuntan a "actividades constitucionalmente protegidas que no son ilegales ni fraudulentas", añadió.

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