La ministra de Seguridad, Nilda Garré, afirmó ayer que el denominado "Proyecto X" es "una herramienta informática y no un plan secreto de espionaje", y destacó: "nunca se utilizó en intervenciones de Gendarmería nacional en manifestaciones sociales".

Luego de ordenar una auditoría en la fuerza que arrojó esos resultados, Garré también realizó una defensa de la Gendarmería y sus autoridades y negó que violaran la legislación vigente.

Asimismo, subrayó que la investigación interna que encargó sobre el sistema informático "Proyecto X" abarcó la revisión de los datos de 34 mil personas que fueron incluidas en ese software y que "ninguna" de ellas es "un dirigente político, sindical, religioso o indígena".

Durante una conferencia de prensa en la sede del Ministerio de Seguridad, Garré explicó que el sistema informático fue instrumentado "en 2002 durante el gobierno de Eduardo Duhalde" y añadió que el mismo fue "actualizado en 2006", pero "desde 2009" no se cargan allí más datos.

Garré sostuvo que el sistema quedó obsoleto y que ahora es reemplazado por otro que incluye y comunica a todas las fuerzas de seguridad federales.

"Es un software para entrecruzar información de inteligencia criminal e investigación de delitos complejos. Es requerido por jueces de todo el país y ya se utilizó en 285 causas", explicó la funcionaria.

La ministra indicó que "esto no es un plan secreto de espionaje" y rechazó de plano que el software llamado "Proyecto X" haya sido utilizado para identificar a dirigentes políticos o sociales en protestas sociales.

La funcionaria explicó que ante cortes de rutas y protestas sociales la Gendarmería actúa a través de la llamada Unidad Especial de Procedimientos Judiciales (UESPROJUD).

Según dijo, esa unidad actúa sólo por orden del Poder Judicial o ante la "flagrancia" de posibles delitos.

Precisó también que tiene asiento en Campo de Mayo, pero que no posee vinculación con el Ejército, versión que consideró como "un disparate".

"Ninguna persona incluida en Proyecto X fue investigada por participar de manifestaciones", sostuvo la funcionaria, quien rechazó que el software haya sido financiado con "gastos reservados".

La funcionaria sostuvo que cuando la Gendarmería actúa para "individualizar" a dirigentes que impulsan un corte de ruta, lo hace cuando se lo ordenan jueces que investigan si se viola el artículo 194 del Código Penal.

UN CASO PUNTUAL

En particular, sobre los cortes de ruta en la Panamericana durante el conflicto de la empresa Kraft, Garré precisó que allí actuó la UESPROJUD "a requerimiento judicial" para "individualizar e identificar" a dirigentes.

Reconoció que "no siempre la Gendarmería identifica a alguien con el consentimiento de la persona" en cuestión, pero sostuvo que el control de la legalidad de esos operativos los realiza el Poder Judicial.

Garré precisó que UESPROJUD actuó en "1.200 casos" por pedido del Poder Judicial ante protestas sociales y desmintió que en esas situaciones se hayan violado la leyes de Inteligencia y de Seguridad Interior.