La justicia federal platense elevó ayer a juicio oral la causa en la que están imputados 18 ex funcionarios y militares acusados de más de 130 casos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y apropiación de hijos de desaparecidos, ocurridos durante la última dictadura en el centro clandestino de detención conocido como "La Cacha", que funcionó en la localidad de Olmos.

La causa fue elevada al Tribunal Oral Federal 2 -integrado por los jueces Jorge Micheli, Alejandro Smoris y Nelson Jarazo- por el juez federal Manuel Humberto Blanco, que llevó adelante la investigación, y tras la acusación presentada por los fiscales Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Gerardo Fernández.

Entre los procesados y detenidos figuran el ex gobernador de facto Ibérico Saint Jean; su ministro de Gobierno, Jaime Smart; Alejandro Arias Duval, Juan Carlos Herzberg, Héctor Acuña, Carlos Hidalgo Garzón, Jorge Di Pasquale, Carlos Romero Pavón, Gustavo Cacivio, Ricardo Fernández, Roberto Balmaceda, Emilio Herrera, Isaac Crespín Miranda, Anselmo Palavezatti, Teodoro Gauto, Juan Carlos Negri, Rufino Batalla, Enrique Cicciari, Luis Perea, Raúl Espinoza, Claudio Grande y César Branne.

La Cacha funcionó como centro clandestino de detención y maternidad clandestina entre febrero de 1977 y noviembre de 1978 en la vieja planta transmisora de Radio Provincia y contigua al Penal de Olmos.

En La Cacha estuvieron detenidas más de 200 personas, entre ellas Laura Carlotto -que fue sacada del lugar para dar a luz a Guido, y reingresada en ese centro-; María Rosa Tolosa de Reggiardo, madre de los mellizos Matías y Gonzalo, apropiados por el represor Miara; Antonio Bettini y su suegra; y Raúl y Jorge Bonafini.

Según datos de Abuelas de Plaza de Mayo, también estuvieron allí Cristina Marrocco, Olga Casado, María Elena Corvalán, Susana Pegoraro, Adriana Tasca, Elisa Cayul y Graciela Quesada Ayub.

En la causa consta que en La Cacha, las víctimas permanecían tabicadas constantemente, esposadas a ganchos en la pared o en el piso, recostadas sobre una colchoneta; debían pedir autorización para ir al baño, lo que no siempre se les permitía; situaciones por las que atravesaron embarazadas, adolescentes, estudiantes, trabajadores y personas mayores.

La investigación se volcó en una causa que tiene 61 cuerpos, 100 incidentes y 500 legajos, más documentación agregada de la Conadep y de los Juicios por la Verdad, así como de causas que se tramitaron en el juzgado federal 2 de La Plata.