Denuncian en OEA "cercenamiento" de la libertad de expresión en el país

Los periodistas argentinos Joaquín Morales Solá y Magdalena Ruiz Guiñazú advirtieron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA sobre el "cercanamiento" de la libertad de expresión en nuestro país y la "demonización" de su actividad, al tiempo que denunciaron que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner busca "eliminar el periodismo".

En una audiencia celebrada en Washington D.C., donde también se escucharon reiterados pedidos de los relatores para conocer las reglas de la distribución de la pauta oficial, los representantes del Estado nacional objetaron la "pertinencia" de la denuncia ante dicho tribunal y ratificaron la existencia de "criterios" de reparto de la pauta oficial entre los distintos medios.

Ruiz Guiñazú y Morales Solá expusieron en representación de un grupo de periodistas integrado por Nelson Castro, Luis Majul, Alfredo Leuco, Mariano Obarrio y José "Pepe" Eliaschev, quienes en el mes de agosto solicitaron la audiencia en la CIDH para denunciar distintos episodios que, entienden, afectan el ejercicio de la libertad de expresión en la Argentina.

Los dos periodistas usaron los minutos que les fueron concedidos para precisar los términos de la denuncia y marcaron no solamente las dificultades que existen para acceder a la información, sino la situación de persecución que, dijeron, viven algunos de ellos, más los agravios que padecen.

Morales Solá denunció las presuntas presiones por parte del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, a los anunciantes privados para que no publiciten en determinados medios y señaló los avances del Gobierno en el caso Papel Prensa.

La presentación de ambos periodistas fue complementada por un representante de la Asociación por los Derechos Civiles, quien, además, brindó datos técnicos sobre la distribución de la pauta oficial en la última década y planteó la falta de un método objetivo para su asignación.

Por el Estado nacional, el encargado de la primera exposición fue el director de Contencioso Internacional de la Dirección de Derechos Humanos de Cancillería, Javier Salgado, quien restó importancia a las denuncias, al manifestar que "no se advierte por qué fuimos convocados", y sostuvo que acudir a esa instancia interamericana solo "resulta pertinente cuando no se activaron los resortes internos" correspondientes.

La delegación argentina estuvo encabezada por la embajadora argentina ante la OEA, Nilda Garré, quien participó de la audiencia pero no hizo uso de la palabra.

Previamente, la diplomática había acusado a los periodistas desde su perfil de Facebook de haber viajado a la CIDH para "victimizarse" y de ser "voceros de grupos monopólicos que resisten los avances democráticos".

Luego de las exposiciones, cada una de las cuales se extendió por 20 minutos, llegó el turno de las preguntas de la relatora especial de la CIDH para la libertad de expresión, Carolina Botero; de Rodrigo Escobar Gil, el relator especial para la Argentina, y de Rosa María Ortiz, otra de las relatoras de la comisión.

La mayoría de las preguntas estuvieron orientadas en el mismo sentido, ya que hubo varios cuestionamientos sobre la "reglas" utilizadas por el Gobierno nacional para la distribución de la pauta oficial, sobre la existencia de un "pedido a empresas privadas de no anunciar" en ciertos medios de comunicación o sobre las "garantías" de una aplicación "equitativa" de la Ley de Medios Audiovisuales.

A los peticionantes también se les preguntó si ya se habían realizado las denuncias correspondientes ante la Justicia local y, si no lo han hecho, cuál es el motivo.

En el segundo tramo de exposiciones, Morales Solá reconoció que el Gobierno impulsó la despenalización del delito de calumnias e injurias como un paso en la defensa de la libertad de expresión.

El periodista planteó que "el Gobierno está reemplazando la condena penal por la condena pública y no sé que es peor", a lo que se contestó: "Prefiero la cárcel al odio y a que el Estado cambie la historia de mi vida".

Morales Solá denunció que "la libertad de expresión en la Argentina está siendo cercenada" y advirtió sobre "represalias que se dan a través de la demonización del periodismo independiente" que, dijo, "ha perdido la tranquilidad" para su profesión, lo que calificó como "censura indirecta" a través del Estado, que "ha usado diversos métodos" como "la difamación de periodistas que tenemos una visión crítica del Gobierno".

"Están buscando la autocensura", afirmó Morales Solá.

Por su parte, Ruíz Guiñazú recordó, junto a él, que "hace tres años" fue "sometida a un juicio llamado ético y popular que se desarrolló frente a la Casa de Gobierno a plena luz del día" en el que fue "acusada falsamente de haber sido jefa de prensa del Ministerio de Economía de la dictadura".

En su testimonio, la ex integrante de la Conadep no solo rechazó la acusación sino que además definió el acto como "una parodia".

La última presentación estuvo a cargo del subsecretario de Gestión Administrativa de la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete, Juan José Ross, quien afirmó ante la CIDH que "el Estado argentino tiene criterios para la distribución de la publicidad oficial" y aclaró, en respuesta a una acusación previa en relación con la Corte Suprema, que "cumple con las sentencias" judiciales