Votan ley para apurar las licitaciones de obras

Con menos esfuerzo que el que le viene demandando conseguir respaldo para sancionar el Presupuesto, los legisladores del oficialismo alcanzaron un acuerdo para votar, antes de fin de año, el proyecto de reforma a la Ley de Obra Pública en vigencia, que data de 1959. La norma fue reclamada por la gobernadora María Eugenia Vidal, que entiende que la actual legislación es obsoleta e inadecuada para poner en marcha el plan maestro de infraestructura que busca poner en marcha el año que viene.

El proyecto apunta a agilizar los trámites que van desde el llamado a licitación hasta la adjudicación de la obra a las empresas que hayan resultado ganadoras en la compulsa de ofertas. Para eso, por ejemplo, acorta a diez días el plazo que tendrán los organismos de control que intervienen en estos procesos, como la Asesoría General de Gobierno, la Fiscalía de Estado y la Contaduría General.

La Cámara de Diputados ya votó una moción de preferencia para que el proyecto, que lleva la firma del diputado oficialista César Torres, sea tratado con o sin despacho de comisión en la próxima sesión, prevista para el miércoles, en la que además se votaría el Presupuesto y la Ley Impositiva 2017.

En rigor la iniciativa nació luego de que la Legislatura sancionara a principios de 2016 una ley que declaró el estado de Emergencia en Obra Pública por el plazo de un año. La norma le permitió al Ejecutivo sortear varios procedimientos de control para contratar a empresas y así acelerar la puesta en marcha de la obra pública en la provincia de Buenos Aires.

Entre otros aspectos, la ley autoriza a los ministerios y organismos autárquicos de la provincia a ejecutar obras y contratar la provisión de bienes y servicios bajo cualquier modalidad a través de leyes y decretos de excepción de controles. Entre otros actos de gobierno, ya no será necesario publicar en el Boletín Oficial y, en cambio, habrá una página web para informar los llamados a licitación ni estar inscripto en los Registro de Proveedores para ser contratado por el Estado.

Pero para el gobierno de Vidal esa ley no era suficiente para dar marco legal a la obra pública, sobre todo en las tres áreas con mayores urgencias, como son las relacionadas a trabajos hidráulicos, de cloacas y de agua, más allá del enorme retraso en materia de infraestructura vial. Por eso, impulsaron un anteproyecto que fue acercado por el ex ministro de Infraestructura Edgardo Cenzón.

La ley, que va a ser votada fija un marco legal integral para los contratos que se firmen entre el Poder Ejecutivo o las empresas y sociedades del Estado para la construcción de bienes inmuebles, los trabajos que modifiquen el terreno o el subsuelo y las tareas de reforma, ampliación, reparación, recuperación y conservación. Y, de sancionarse, reemplazará a la ley 6.021 sancionada y reglamentada en 1959.

Básicamente, persigue dos objetivos. En primer lugar, acortar los plazos de licitación, adjudicación e inicio de obras. Según estimaciones de los funcionarios del área, hoy con la actual legislación entre que se inicia el trámite para una obra y se coloca “el primer ladrillo” se demora un lapso de entre 10 y 12 meses. La idea es reducirlo tanto como sea posible.

El segundo gran objetivo que persigue el proyecto que empujó Vidal es cambiar el esquema de financiamiento de las obras públicas: habilitar la posibilidad de que los privados acerquen un esquema de financiamiento propio, es decir, de esta forma, una empresa constructora podrá gestionar créditos, por ejemplo de organismos internacionales, para cubrir los costos de las obras.