Siguen en conflicto los judiciales y los médicos

Lejos de encaminarse hacia una solución, el conflicto gremial en la Provincia se profundizará en los próximos días, con nuevos paros y movilizaciones convocadas por judiciales, médicos y sindicatos estatales y docentes.

En efecto, el jueves de la semana que viene se cumplirá una jornada de huelga y una marcha multisectorial a la Gobernación para reclamar aumentos salariales y contra la posible sanción en la Legislatura del proyecto de ley que declara el estado de “Emergencia Administrativa”, resistido por los gremios.

La medida de fuerza reunirá a la Asociación Judicial Bonaerense, los profesionales de la salud nucleados en Cicop y ATE. También participarán los dos principales gremios docentes, la FEB y Suteba, pese a que ya cerraron la negociación paritaria.

La nueva protesta fue definida luego de que ATE lanzara un paro de 48 horas para la semana entrante. Los judiciales, por su parte, esperan una nueva oferta del gobierno, que según versiones podría ser del 31,5% para todo el año. En ese marco, el gremio dispuso un nuevo paro de 72 horas, al igual que los médicos, que rechazaron un ofrecimiento informal del 16,7 por ciento.

MULTISECTORIAL

En ese marco, diversas organizaciones definieron ayer que la nueva marcha “multisindical” a la Gobernación será el jueves y que se sumará el Sindicato (aún sin personería) policial SIPOBA, el de peones de Taxis de La Plata, la Comisión Gremial del Banco Provincia y la Federación Universitaria local. Al reclamo se sumarán también movimientos sociales, adelantaron los organizadores.

En un comunicado los gremios dijeron que la manifestación “tiene como objetivo poner en debate el tratamiento y aprobación de leyes, que al entender de los trabajadores del Estado vulneran los derechos laborales de los trabajadores y abren la puerta para que el sector privado haga negocios en el Estado”. Los gremios cuestionan principalmente la declaración de la Emergencia Administrativa por parte del gobierno provincial, cuyo objetivo es acelerar los procesos de licitación y adjudicación de bienes y servicios, ya aprobada por el Senado.