Ahora Vidal va por la reforma de la ley de obra pública en la Provincia

En medio de los ecos del escándalo por el tratamiento en la Cámara de Diputados de la ley de emergencia administrativa, el gobierno de María Eugenia Vidal buscará ahora abrir otro debate en la Legislatura, adonde ya ingresó un anteproyecto para modificar de fondo la ley de obra pública provincial, a la que en el Ejecutivo considera obsoleta e inadecuada para el plan maestro de infraestructura sobre el que ya viene trabajando para presentar en septiembre, estiman.

El borrador de la norma fue presentado por el ministro de Infraestructura, Edgardo Cenzón, en un encuentro que mantuvo el miércoles pasado con diputados que integran la Comisión de Obras Públicas. La idea es que el documento comience a ser debatido allí, abierto a posibles modificaciones.

El texto del anteproyecto, al que tuvo acceso EL DIA, fija un marco legal integral para los contratos que se firmen entre el Poder Ejecutivo o las empresas y sociedades del Estado para la construcción de bienes inmuebles, los trabajos que modifiquen el terreno o el subsuelo y las tareas de reforma, ampliación, reparación, recuperación y conservación. Y, de sancionarse, reemplazará a la ley 6.021 sancionada y reglamentada en 1959.

La norma propone modificaciones de fondo en el actual sistema con dos objetivos centrales. En primer lugar, acortar los plazos de licitación, adjudicación e inicio de obras. Según estimaciones de los funcionarios del área, hoy con la actual legislación entre que se inicia el trámite para una obra y se coloca “el primer ladrillo” se demora un lapso de entre 10 y 12 meses. La idea es reducirlo tanto como sea posible.

El segundo gran objetivo que persigue el anteproyecto que empuja Vidal es introducir un cambio sustancial en el esquema de financiamiento de las obras públicas: habilitar la posibilidad de que los privados acerquen un esquema de financiamiento propio, es decir, de esta forma, una empresa constructora podrá gestionar créditos, por ejemplo de organismos internacionales, para cubrir los costos de las obras.

Esos dos lineamientos centrales fueron planteados por el ministro Cenzón en el encuentro del miércoles pasado con la Comisión de Obras Públicas. El titular de Infraestructura llevó a los legisladores del oficialismo y la oposición el borrador del proyecto, pero aprovechó para hacer un diagnóstico sobre la obra pública en la Provincia. En ese marco, dijo que las tres áreas con mayores urgencias son las relacionadas a trabajos hidráulicos, de cloacas y de agua, más allá del enorme retraso en materia de infraestructura vial que tiene la Provincia, explicó el funcionario.

Además, según pudo saber este diario, Cenzón destacó que para superar el déficit que atraviesa la Provincia en materia de obra pública se necesita alrededor de 300 mil millones de pesos, lo que equivale a un presupuesto y medio.

El funcionario de Vidal explicó además a los legisladores que, en base a este diagnóstico, vienen trabajando en un plan maestro de infraestructura que estaría listo para ser presentado entre los meses de agosto y septiembre. Para ese entonces, el gobierno aspira a contar con la nueva ley sancionada en las cámaras.

Vidal ya había logrado, a principio de abril, que la Legislatura sancione una ley que declara el estado de Emergencia en Obra Pública por el plazo de un año. La norma le permite a su administración sortear varios procedimientos de control para contratar a empresas y así acelerar la puesta en marcha de la obra pública en la provincia de Buenos Aires.

Entre otros aspectos, la ley autoriza a los ministerios y organismos autárquicos de la provincia a ejecutar obras y contratar la provisión de bienes y servicios bajo cualquier modalidad a través de leyes y decretos de excepción de controles. Entre otros actos de gobierno, ya no será necesario publicar en el Boletín Oficial y, en cambio, habrá una página web para informar los llamados a licitación ni estar inscripto en los Registro de Proveedores para ser contratado por el Estado.

Pero para el gobierno de Vidal esa ley no es suficiente para las nuevas necesidades en materia de legislación para el plan de obra pública que piensan poner en marcha en los próximos meses. Por eso, ahora empujan un anteproyecto que, igual que la emergencia, busca agilizar los procedimientos de contratación, licitación y adjudicación de obras públicas. Para eso, por ejemplo, propone crear un Diario Oficial Electrónico de Contrataciones, donde se anunciarán las licitaciones públicas y que reemplazará a la actual publicación en el Boletín Oficial de papel.