Entregan documentos por la denuncia contra Aranguren

La denuncia penal contra el ministro de Energía, Juan José Aranguren, por su doble rol de accionista de Shell y funcionario público, avanzó en las últimas horas cuando en la sede de ese ministerio, en YPF y en la Oficina Anticorrupción le entregaron a la Justicia documentación sobre la compra de gas a Chile.

Las medidas ordenadas por el juez federal Luis Rodríguez y el fiscal Carlos Stornelli, se concretaron entre ayer y hoy en el marco de la causa presentada por diputados kirchneristas. La principal diligencia se realizó ayer por la mañana en las oficinas de Aranguren en el quinto piso del edificio ministerial y consistió en lo que técnicamente se denomina un "requerimiento de información".

"Pidieron la documentación requerida por el juez, se la dimos y se fueron en dos horas", dijo un vocero ministerial al negar que se tratara de un allanamiento pese a que fue realizado por personal de la Policía Federal.

Otro tanto ocurrió en la Oficina Anticorrupción (OA), donde Aranguren depositó su declaración jurada patrimonial, donde da cuenta que posee acciones por más de 13 millones de pesos en acciones "clase A" de la petrolera angloholandesa Royal Dutch Shell, de cuya filial local fue CEO hasta diciembre pasado.

Los diputados Rodolfo Tailhade y Martín Doñate denunciaron a Aranguren por "negociaciones incompatibles con la función pública" luego del aumento tarifario y por la compra de gas natural a Chile, que en ese país es producido por Shell. Por esta última denuncia, el juzgado de Rodríguez también retiró documentación de la sede de la petrolera nacional YPF, informaron fuente judiciales. 

La semana pasada, el fiscal Stornelli imputó al ministro Aranguren, al secretario de Combustibles, José Luis Sureda, y al subsecretario de Refinación y Comercialización, Pablo Popik. La denuncia de los diputados del FPV también es por el supuesto beneficio obtenido en la operación con Chile, a través de las firmas Enarsa, Solgas, ENAP, Endesa Chile, Metrogas, Enge y Grupo GOF Suez.

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En su dictamen, Stornelli dio a los agentes "facultades de allanar para el caso de que no se aportara la documentación".