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Por MARIANO SPEZZAPRIA
El Gobierno quiso implementarlo, la Justicia lo frenó y ahora el Congreso se apresta a tratarlo. El aumento en las tarifas de los servicios públicos ya involucra a los tres poderes del Estado, aunque la solución no parece estar a la vista. Por el contrario, la polémica medida llevó a la administración de Mauricio Macri a una encerrona política de la que le será muy difícil evadirse en lo inmediato.
De hecho, los principales funcionarios del Gabinete –entre ellos el ministro del área afectada, Juan José Aranguren- aún no se pusieron de acuerdo sobre la modalidad que tendrán las audiencias informativas que el Poder Ejecutivo convocará para saltar el bache legal del tarifazo, sobre el cual hicieron foco todos los fallos que lo suspendieron, en especial el de la Cámara platense.
La necesidad de la Casa Rosada de enviar una señal a la Corte Suprema para que su resolución no desfavorezca el aumento de las tarifas –con un tope del 400% en la facturación- se manifestó en los últimos días, pero hasta ayer no había una fecha concreta para esas audiencias, admitieron fuentes oficiales. El máximo tribunal, a su vez, derivó el expediente a la procuradora Gils Carbó.
La funcionaria a la que el oficialismo intentó desplazar de su cargo desde que asumió el poder, por su vinculación con el kirchnerismo, deberá emitir un dictamen sobre la tarifa del gas, aunque no tendrá carácter vinculante. Recién cuando ese informe esté circulando por los despachos de los jueces de la Corte, tal vez la semana próxima, es que empezará a tomar forma el fallo definitivo.
Mientras tanto, el Congreso se abocará hoy al tratamiento de un cúmulo de proyectos que buscan desde moderar el tarifazo hasta derogarlo, lisa y llanamente. Aunque la incógnita se revelará esta misma mañana, cuando los bloques opositores a Cambiemos bajen al recinto para avanzar con una sesión especial y unificar las iniciativas, algo que de antemano se plantea dificultoso.
La diversidad de fuerzas políticas y de posicionamiento de los legisladores complicaría ese entendimiento, al que deberían llegar al menos el Frente Renovador massista, el FpV kirchnerista y el Bloque Justicialista, si es que pretenden reunir 129 diputados para obtener el quórum y arrancar la sesión. Eso obligaría a Cambiemos a presentarse para bloquear la jugada de la oposición.
Pero más allá de lo que suceda este miércoles, incluyendo la posibilidad de que se le de media sanción a una iniciativa conjunta de la oposición y se la gire al Senado, lo cierto es que el conflicto de las tarifas seguirá vigente. Eso sí, la señal política que dará la intervención del Congreso será negativa para el Gobierno, porque profundizará la impresión de que no pudo manejar la situación.
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