El Gobierno pidió a la Justicia que investigue el derrame de cianuro

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación hizo hoy una presentación ante el Juzgado Federal número 2 de San Juan, donde pidió que se investigue si hubo delito en el derrame de material cianurado en la mina Veladero el 8 de setiembre pasado.

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Según se informó desde el propio ministerio, la presentación que había sido anticipada ayer por el ministro, el rabino Sergio Bergman, pide que la justicia disponga la suspensión de actividades en la mina que opera la firma Barrick Gold, hasta que se apliquen medidas complementarias de monitoreo y control.

La presentación judicial “se realizó en el marco de la Ley Nº 24.051 de Residuos Peligrosos, cuya competencia corresponde al Ministerio de Ambiente, y no con motivo de la actividad minera, cuyo control es potestad de la provincia de San Juan”, según se aclaró.

La denuncia sobre posible comisión de un delito federal, se hizo efectiva “tras las irregularidades detectadas por la inspección conjunta de las carteras de Ambiente y Minería y Energía, a raíz del incidente ocurrido el 8 de septiembre en la zona de Veladero”.

En una conferencia de prensa el ministro de Ambiente, rabino Sergio Bergman, había anticipado que la acción judicial sería presentada “en función de incumplimientos e inconsistencias ante el incidente referido”.

La denuncia presentada hoy pone en tela de juicio “la aplicación del protocolo de contingencia y el procedimiento ante el hecho y por su demora en la notificación formal por parte de la empresa”.

Asimismo, se solicita a las autoridades judiciales la toma de medidas de prevención, en términos de monitoreo y control, para que “no se reinicie la actividad productiva hasta que no estén tomados todos los recaudos”.

La acción judicial del gobierno nacional, especifica que previo a retomar los trabajos en la mina, “se disponga la implementación de un sistema de monitoreo continuo de la calidad de aguas fuera del emprendimiento, un sistema de monitoreo vía cámaras, con filmación nocturna y detección de movimiento en todo el valle de lixiviación”, como condición indispensable para que la mina vuelva a operar. 

Por último, el Ministerio de Ambiente solicita que la justicia obligue a que “se aplique una auditoría ambiental y de proceso, con inspecciones cada dos meses, y que sus resultados sean informados a la autoridad ambiental de aplicación competente”.

Por su parte, el gobierno provincial suspendió aún sin fecha, el viaje de inspección que este viernes iba a realizar una comisión de expertos y periodistas, encabezada por el ministro de Minería Alberto Hensell, para "monitorear cómo van los trabajos de remediación y de contención de futuras posibles fugas de material cianurado", según se informó oficialmente.