Se apunta a reducir del 44 al 30 por ciento las cargas laborales no salariales en cinco años

Entre otros aspectos salientes, el proyecto de reforma laboral que desde el Poder Ejecutivo se enviará al Congreso implica modificaciones paulatinas que se extenderán hasta el 2022, es decir hasta tres años después de terminado el actual período presidencial. Así se busca satisfacer la demanda de los empresarios de reducir costos laborales que no están directamente vinculados a los ingresos salariales de los trabajadores y que según destacan son los más altos de la región, con un impacto significativo en el sector de las pymes. La propuesta mejora esas condiciones a lo largo de los años en especial para los trabajadores con sueldos más bajos.

Desde el Ministerio de Trabajo se informó, según el diario La Nación, que se busca que del nivel actual de los costos laborales no salariales, que como mínimo es del 44%, se reduzca hasta llegar al 30%. El costo de los aportes es del 27% del salario para el empleador y del 17% para el empleado, pero hay casos en que es mayor por costos asociados a los distintos convenios colectivos”.

“Los aportes de los trabajadores no se los beneficia con deducción alguna, quedan en el 11% por jubilación y 3% por obra social (más algún punto relacionado con convenios colectivos)”, apuntó al diario porteño la contadora y experta en temas tributarios Marina Parera. Así se apunta a que “se van a eliminar progresivamente contribuciones patronales en 5 años a los salarios bajos, porque se estima que eso va a beneficiar a los trabajadores que están en la informalidad”.

El proyecto habla de una contribución unificada de la seguridad social (CUSS). De aquí se excluyen las contribuciones con destino a la Administración Nacional de Seguro de Salud (Anssal) y a las obras sociales. “Sin una quita de aportes sindicales ni a las obras sociales. Sólo se refiere a la seguridad social”, añadieron en la cartera que conduce Jorge Triaca. Según el borrador se propone, bajar de a poco las contribuciones patronales a través de la implementación de “montos mínimos no imponibles del salario”.

En 2018 ese mínimo será de $2.300 por mes, o “la parte proporcional que corresponda actualizada por el índice de precios al consumidor del INDEC acumulado”. En 2019 será de $4.600, hasta llegar a 2022 con un monto de $11.500, después del cual corren las alícuotas de los aportes.

Por otro lado, la alícuota que se debe pagar por las contribuciones patronales se divide en dos, según el negocio que se lleve adelante. El esquema se basa en la división de alícuotas que planteaba un decreto (814/01) que dividía a los empleadores en dos grupos, aplicándoles una alícuota por contribuciones del 17% a las pymes, asociaciones gremiales, obras sociales y actividades industriales, y del 21% al resto de los empleadores.

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