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Tomas de los predios y pedidos “arbitrarios” aseguran padecer los constructores
Constructores advierten por las “exigencias” del gremio de la construcción local - archivo
Siempre atada a los vaivenes de las finanzas nacionales, tan frecuentes como drásticos, la construcción es considerada por muchos como uno de los principales motores de la economía. En nuestra región, la actividad atraviesa un momento que algunos desarrolladores consideran “complicado” y de “virtual parálisis”, pero no tanto como consecuencia de la recesión, sino debido a planteos sindicales caracterizados como “arbitrarios y antojadizos”.
Los constructores afirman que la cantidad de edificios en obra se desplomó durante los años recientes, por una merma en la rentabilidad y lo que describen como la “imposibilidad” de garantizar plazos de entrega “por las continuas tomas”; apuntan contra la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) como impulsora de demandas “que rozan lo extorsivo”, imputación que el gremio descarta de plano acusando, en cambio, a los empresarios de querer “avasallar a los trabajadores”.
“Casi la totalidad de los edificios en construcción estuvo alguna vez parada por la UOCRA; es una situación alienante y que en los últimos tiempos viene alcanzando aristas tragicómicas por el tenor de las exigencias” señalan los responsables de los proyectos inmobiliarios: “siempre se les ocurre algo nuevo y todos son gastos que empujan la inversión al límite de lo que ya no es viable”.
“Cada dos meses nos toman la obras; a principio de 2016 fueron quince días; luego del 15 de diciembre hasta el 1 de febrero, y ahora tenemos seis obras paradas” se lamenta Gustavo Tejada, titular de una firma con varios emprendimientos en curso y cerca de un centenar de personas trabajando: “desde 2013 todo el que quiera hacer un edificio está obligado a ir a negociar al sindicato el ‘convenio UOCRA’ en términos que implican, por ejemplo, un 50 por ciento de sobrecosto laboral por encima del convenio colectivo del rubro”.
Algunas de las “recomendaciones” del sindicato que se formalizan en esos acuerdos mano a mano son, se menciona, tener al menos una mujer en la obra (“implica un vestuario y un baño específico, y además como no puede hacer tareas pesadas termina sólo repartiendo las viandas”); pagar el valor del jornal “un 50 por ciento por encima de lo legalmente estipulado”; pagar viáticos y un “premio final” de obra a cada trabajador “de 50 mil pesos para arriba; y tomar el 70 por ciento del personal de la bolsa de trabajo gremial “esté mínimamente capacitado o no”.
“Así como hace cuatro años se estaban levantando al mismo tiempo 400 edificios, ahora hay menos de cien” calcula Tejada: “las empresas de afuera, que hacían cinco o seis por año, ya no quieren venir a arriesgar. Y esto termina siendo negativo para la gente y el mercado laboral que dice defender el sindicato, porque se generan menos puestos de trabajo”.
“El acuerdo de paz social y laboral que se firma con los empleadores es un mecanismo que utilizamos desde los años ‘90, con muy buenos resultados” asegura Juan Pablo Medina, secretario general de la delegación regional de la UOCRA: “y se complementa con los controles estrictos que llevamos a cabo para garantizar la protección de nuestros doce mil afiliados”.
El dirigente señala que “no existe” lo de los pagos “sobre convenio”, y que “el espacio de inclusión laboral que brindamos a las mujeres se puede traducir en tareas en el comedor o las oficinas, actividades de limpieza o mantenimiento de los sanitarios, y solamente se da en las obras que cuentan con ese tipo de logística, que son en general las más grandes”.
En cuanto a las bonificaciones por final de obra, precisa que “existe una mínima, que está relacionada con el valor horario; los trabajadores van juntando un monto con el correr de las semanas, y lo cobran al final; pero casi nadie lo paga”.
“Muchos empresarios quieren optimizar su ganancia a costa del trabajador” dispara Medina: “aprovechan la necesidad de albañiles que muchas veces son inmigrantes recientes y les pagan 400 pesos por día y en negro; estos evasores terminan siendo más competitivos en el mercado porque con lo que se ahorran de cargas sociales y aportes venden más barato el metro cuadrado”.
El titular de la UOCRA regional, que percibe “una ligera recuperación de la actividad, con algunos frentes de obra que estaban paralizados por decisión del gobierno y se están empezando a normalizar”, estima que “el 60 por ciento de los empresarios platenses no está en regla en el aspecto laboral” .
De acuerdo con el convenio colectivo de trabajo del gremio de la construcción vigente desde enero pasado, un ayudante de obra debe percibir $53,40 por cada hora de labor; en el otro extremo de la escala salarial, un oficial especializado debe cobrar $74. Las semanas laborales, en los papeles, tienen un máximo de 44 horas.
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