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La causa por la que Mariano Bruera y tres ex funcionarios de la anterior gestión municipal se encuentran imputados, se originó en 2014 ante la denuncia del particular Guillermo Andreau por el presunto pedido de coimas para la rezonificación de lotes destinados al plan Procrear en nuestra ciudad.
Puntualmente, se los imputa de cohecho, asociación ilícita y exacciones ilegales cuando Sette se desempeñaba como secretario de Gestión Pública, Moreno era director de Planeamiento y Petró, director general de Planeamiento y Obras Particulares. Mariano Bruera no tenía cargo formal en el municipio, pero aparece involucrado a partir de una serie de escuchas telefónicas.
El empresario denunciante, sostuvo que a cambio de la rezonificación de terrenos ubicados en 52 y 161 para su inclusión en el programa Procrear se le había pedido una coima de 200 mil dólares.
A partir de esta acusación, la instrucción llevada adelante por el fiscal Jorge Paolini derivó en el pedido de detención de los cuatro mencionados y dos ex empleados municipales, Christian Ybarra y Raul Moratti, en enero pasado.
En rigor, la medida fue ordenada el 20 de diciembre por el juez de Garantías a cargo del juzgado Nº4, Pablo Raele, y apelada por la defensa de los cuatro imputados, para ser confirmada por la Cámara Penal de Apelaciones durante la feria de enero, cuando la jueza entonces de turno, Marcela Garmendia, rechazó un pedido de eximición de prisión y confirmó la orden dictada por el anterior magistrado, basándose en el “doble conforme” de las dos instancias previas.
En función de la medida de esta magistrada, el 7 de enero se entregaron en la DDI de nuestra ciudad Mariano Bruera, Enrique Sette, Roberto Moreno y Gustavo Petró. Los cuatro permanecieron detenidos en la alcaidía Roberto Pettinato de Olmos durante seis días, hasta que Casación hizo lugar a un hábeas corpus presentado por los abogados defensores, que advertía que la detención se efectuó sin que existiese una sentencia firme.
Con la resolución que firmaron los jueces de ese tribunal Martín Ordoqui y Jorge Celesia, los cuatro imputados fueron liberados seis días después, para esperar el desarrollo del proceso en libertad.
Poco después del final de la feria judicial el fiscal Jorge Paolini concluyó la instrucción y solicitó la elevación a juicio, cuya fecha aún no fue determinada.
En el entorno de Mariano Bruera, en tanto, denunciaron una “persecución política” señalando que la magistrada que había dictado la detención de los ex funcionarios es “madre de un alto funcionario del círculo íntimo del intendente, Julio Garro, se excedió en atribuciones judiciales para generar un impacto político”.
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