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Política y Economía |AL PRESENTAR EL PROYECTO QUE INCLUYE A SUS FUNCIONARIOS

Garro reclamó a los concejales que hagan públicas sus declaraciones de bienes

“Esperemos que se sumen”, pidió al presentar el proyecto oficial que obliga a miembros del Ejecutivo a exhibir su patrimonio

Garro reclamó a los concejales que hagan públicas sus declaraciones de bienes

Garro junto a su gabinete, ayer, al anunciar el proyecto sobre declaraciones juradas/prensa Municipalidad

17 de Febrero de 2018 | 02:58
Edición impresa

El intendente Julio Garro eligió la localidad de Etcheverry para presentar el proyecto que exige que los funcionarios municipales hagan pública su declaración jurada de bienes. “Con transparencia y reglas claras vamos a seguir construyendo, junto a los vecinos, la ciudad que tanto queremos”, señaló.

Pero rodeado de varios de los funcionarios que tendrán que cumplir con esa obligación, el jefe comunal lanzó un pedido con tono de reclamo al Concejo Deliberante. “Esperamos que todas las fuerzas políticas nos acompañen y que los concejales se sumen, para que nadie tenga dudas sobre la transparencia de quienes gestionan al Estado municipal”, remarcó.

Garro, como anticipara en exclusiva este diario, envió un proyecto en ese sentido al Concejo, pero el texto no incluyó a los ediles. Ahora hizo el planteo que, casualmente o no, escuchó a pocos metros el presidente del cuerpo, Fernando Ponce.

El jefe comunal, ante la presencia de los miembros del gabinete, brindó detalles sobre la aplicación del proyecto de ordenanza que regulará el sistema de declaraciones juradas de funcionarios públicos, y detalló los objetivos de la medida.

“Como servidores públicos, tenemos que ser los primeros en dar el ejemplo, por eso nos enorgullece que La Plata sea uno de los primeros municipios de la Provincia en adherir a esta ley”, señaló.

“Esto va a permitir que cualquier vecino pueda tener acceso mediante la web, a las publicaciones de los bienes que declaran los funcionarios, estableciendo un control ciudadano y dándole mayor transparencia a la gestión pública”, agregó el alcalde.

Fue en ese contexto que formuló el planteo para que los ediles se incluyan en esa obligación. “Esperamos que todas las fuerzas políticas nos acompañen y que los concejales se sumen, para que nadie tenga dudas sobre la transparencia de quienes gestionan al Estado municipal”, indicó.

El Ejecutivo local giró al Concejo Deliberante el proyecto de adhesión a la ley provincial 15.000. La medida propone que alrededor de 200 funcionarios municipales hagan públicas sus declaraciones patrimoniales, las cuales se podrán observar a través de la web oficial de la comuna.

Asimismo, tiene como objetivo “impulsar políticas que contribuyan a consolidar y fortalecer el sistema democrático y brindar una mayor transparencia del sistema público”.

La iniciativa prevé la obligatoriedad de hacer el trámite y también de hacerlo público, en tanto que, si bien no es obligatorio para los ediles, la idea es que también alcance a los 24 concejales locales y a los jueces de Faltas. De ahí la apelación de Garro.

LEY PROVINCIAL

El expediente recoge un pedido de la gobernadora María Eugenia Vidal a los municipios, luego de que se aprobara en la Legislatura una ley que incluye a funcionarios, diputados, senadores y jefes policiales, entre otros funcionarios.

En sus fundamentos, el Ejecutivo precisa no sólo la obligatoriedad de realizar este trámite para “disuadir comportamientos contrarios a la ética que pudieran cometer las personas que ejercen la función pública”, sino que también determina que el contenido de las declaraciones juradas deben ser “accesibles al ciudadano” para “garantizar la transparencia” del Estado.

La ley provincial que impulsó Vidal extiende, de forma voluntaria, la necesidad de que presenten esta documentación los intendentes, los gremialistas y los concejales, miembros de los cuerpos colegiados de conducción y control de asociaciones gremiales de trabajadores, de empresarios, de profesionales, comunitarias, sociales y a toda entidad que tenga por objeto administrar derechos e intereses colectivos y vincular las relaciones entre el sector público y los ciudadanos.

 

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