Extremo pragmatismo de Cambiemos para defender el “megadecreto” de Macri

Por MARIANO SPEZZAPRIA
@mnspezzapria

El oficialismo logró ayer imponer su criterio en defensa del “megadecreto” firmado por el presidente Mauricio Macri en enero pasado, que incluye cambios en diversos organismos del Estado, en lo que el Gobierno define como una “desburocratización” y la oposición califica como un “ajuste”. Como fuera, Cambiemos justificó la medida apelando al pragmatismo político.

De hecho, tras unas horas de deliberaciones de la comisión bicameral que controla los decretos de necesidad y urgencia, avanzó rápidamente con la firma del dictamen. Al tiempo que el presidente del cuerpo, Luis Naidenoff, anunció que el Gobierno enviará al Congreso tres proyectos de ley para dotar de jerarquía jurídica al decreto 27 de 2018, que Macri firmó en pleno receso parlamentario.

Según pudo constatar EL DIA en el Senado, el oficialismo se movió en bloque para evitar un contratiempo al Poder Ejecutivo y asegurar la vigencia del “megadecreto”, puesto que tiene efectos que se están cumpliendo por estos días. Así, impuso su mayoría en la comisión –con un desempate de Naidenoff incluido- para sacar el dictamen y dejar descolocada a la oposición.

“No es razonable que la comisión cambie de criterio porque hay otro presidente de la República. Aquí el criterio siempre fue amplio, no limitante de las atribuciones del Poder Ejecutivo”, afirmó el diputado Pablo Tonelli, uno de los principales referentes de Cambiemos en el Congreso. Y de inmediato recordó que el kirchnerismo aplicaba a rajatablas ese criterio cuando era oficialismo.

La rivalidad entre Cambiemos y los seguidores de la senadora Cristina Kirchner volvió a ponerse de manifiesto en el salón Illia del Senado, aunque a la hora de votar las autoridades de la comisión, ambos grupos se pusieron de acuerdo: el formoseño Naidenoff fue designado presidente y el kirchnerista santafesino Marcos Cleri vice, con opción a encabezar el cuerpo desde 2019.

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Tras esa escasa señal de convivencia, ambos sectores iniciaron las hostilidades discursivas. Por caso, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti (FpV) se refirió con ironías a las “vueltas” que dieron Naidenoff y Tonelli para justificar el “megadecreto”. A su lado, el diputado Máximo Kirchner asentía pero sólo tomó la palabra al final del debate, para advertir que hay que “frenar” los cambios porque el panorama económico internacional está “volátil”.

En medio de oficialistas y kirchneristas se ubicaron, en tanto, los legisladores de Argentina Federal, que responden a los gobernadores del PJ. Con el diputado Pablo Kosiner como principal portavoz, este grupo manifestó su rechazo al DNU pero celebró que el Gobierno se haya comprometido a enviar al Congreso tres proyectos de ley que abarcarán el amplísimo contenido del decreto.

De todos modos, Kosiner –cercano al gobernador de Salta, Juan Urtubey- advirtió: “Si hay tres leyes que va a presentar el Gobierno, quiere decir que el DNU no era necesario”. Los peronistas dialoguistas objetaron los cambios instrumentados por el “megadecreto” en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. En cambio, el kirchnerismo rechazó todo su contenido.

El decreto 27/2018 derogó 19 leyes y modificó otras 140, un número muy elevado que sin embargo fue justificado por el Gobierno en la necesidad de “desburocratizar” la operatividad del Estado. A su vez, los opositores en el Congreso enumeraron los aspectos más críticos de la medida: entre ellos, rechazaron en forma contundente la “posibilidad de embargar las cuentas sueldo”.

También alertaron que el “megadecreto” habilitó el despido de 35.000 empleados públicos, entre ellos agentes del INTI, el SENASA, la mina de Río Turbio y el Hospital Posadas, entre otras dependencias nacionales. Y acusaron al Gobierno de poner en práctica la “modernización” vía decreto, porque no tiene mayorías parlamentarias como para que las sancione el Congreso.

Además, llamaron la atención sobre la supuesta intención de la Casa Rosada de “cerrar el Congreso y gobernar por decreto”. Al cruce les salió el diputado oficialista Fernando Iglesias, quien dijo que le parecía “muy raro que se nos acuse de esa manera cuando les estamos diciendo que se van a presentar tres proyectos de ley” para suplantar –eventualmente- la aplicación del decreto.

“Estamos desesperados por modernizar el país y atraer inversiones”, admitió Iglesias al justificar el DNU. “Gobernamos y legislamos en circunstancias excepcionales”, agregó sobre los hechos de violencia que se registraron dentro y fuera del Congreso a fines de 2017. Y a las “declaraciones golpistas” que, a su entender, hicieron Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y Eugenio Zaffaroni.