El delito avanza sin que se apliquen políticas fructíferas

La creciente ola de inseguridad que azota a La Plata, sea en el casco céntrico como en barrios y localidades vecinas, reflejada en una seguidilla de robos cada vez más violentos, algunos de ellos con secuelas muy graves, ha colocado a los población en una situación límite, que reclama de las autoridades respuestas eficaces e inmediatas. Resulta indiscutible que la comunidad se encuentra cada vez más agobiada por una violencia callejera que no deja de golpear, sin que desde los tres poderes del Estado provincial, en todos sus niveles, se ofrezcan respuestas valederas.

Un ejemplo inmediato y tangible lo ofrece el centro platense, con grupos de menores que cometen toda clase de robos y desmanes. Este fenómeno viene ocurriendo hace varios meses y las fuerzas policiales no han hecho absolutamente nada para prevenir este caos que, a toda hora, ha convertido al Centro en un verdadero descontrol.

Vidrieras de los comercios rotas, asaltos concretados por diez o más menores en la llamada modalidad “piraña”, menores armados con púas o dagas que después de robar protagonizan toda clase de actos vandálicos, sin que desde el Estado bonaerense exista ningún organismo oficial capaz de actuar. Ya se ha dicho que este fenómeno viene creando un caldo de cultivo muy pernicioso, que podría traducirse -y es de esperar que no ocurra- en alguna reacción desmedida de las víctimas o de los perpetradores del delito.

La comunidad se encuentra cada vez más acuciada por la violencia callejera

En esta última semana y en la misma jornada se conocieron dos episodios que marcan con elocuencia la gravedad de la situación: por un lado, los más de 300 vecinos de City Bell que se juntaron en la plaza principal movilizados por el caso de un jubilado de 79 años que mató de un tiro a un ladrón de 18 años que había entrado a su casa. Allí, los manifestantes dijeron que por primera vez no habían convocado a las autoridades a un encuentro de esa naturaleza.

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Consignaron que ningún funcionario fue convocado a la concentración “porque ya nos hemos reunido con todos ellos varias veces, y las respuestas no aparecen”. A su vez, vecinos de La Loma reclamaron por la inseguridad existente en ese barrio y advirtieron que “la misma Policía recomienda no hacer la denuncia porque no sirve para nada”, según señalaron.

También, hace pocos días fue asaltada una vivienda situada en las inmediaciones de la República de los Niños, en Gonnet. Los ladrones revolvieron todas las dependencias y se retiraron con el producto de su robo. La Policía, pese a los llamados de las víctimas, nunca se hizo presente en el domicilio. Se ha llegado a extremos inconcebibles, que no deben admitirse en modo alguno.

¿Cuáles han sido las respuestas oficiales de las autoridades de la Provincia? La gobernadora María Eugenia Vidal dijo recientemente que hay “sectores” a los que su gestión quitó negocios ilegales y que, junto a un espacio minoritario de la oposición, estarían tratando de “generar un clima de tensión” en la Provincia que administra. Si bien es cierto que existe una acción oficial emprendida por la administración provincial contra las mafias enquistadas en algunas reparticiones y que se han impulsado medidas para depurar focos de corrupción en la Policía, de lo que se trata aquí es de que las calles siguen sin la vigilancia debida.

El ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, anunció un proyecto legislativo que apunta a combatir a los “motochorros”. Eso, a través de medidas -obliga al uso de chaleco y casco con identificación para el conductor y acompañante- iguales a las que impulsó el ex gobernador Daniel Scioli, muchas de las cuales están en vigencia pero no se cumplen. ¿Cuál es, en definitiva, la idea? ¿Reeditar una medida que no sirvió?

Lo cierto es que la población platense no deja de estar acosada por la persistencia e intensidad de una actividad delictiva que, por su sola vigencia, no deja de marcar fracasos en el manejo del tema de la seguridad. Fracaso al que no es ajeno la Justicia, que también en movimientos pendulares, condena, absuelve o libera delincuentes interpretando, lejos del sentido común, normas y leyes.

Cabría señalar que la sola enumeración de las frustraciones, originadas en los últimos años en la aplicación de políticas erráticas, contradictorias unas de otras, exigiría un espacio del que no se dispone. Sólo alcanzaría con reseñar que, casi sin solución de continuidad la fuerza policial provincial se ha visto virtualmente tironeada por políticas erráticas, teñidas unas por consignas garantistas y seguida por otras que profesan la mano dura, hasta llegarse a una suerte de tendencia ineficaz, que ha dejado la convicción de que volver a índices aceptables de seguridad llevará un tiempo prolongado de ejecución de políticas acertadas.

No deben existir -y menos aún para un tema tan complejo como el de la inseguridad- soluciones mágicas ni panaceas. Pero la simple voz de los vecinos, de quienes conocen a fondo la vida de los barrios y muchos de ellos, además, que recuerdan el mucho más eficaz servicio que prestaba la Policía décadas atrás, justamente cuando más estrecha era la relación entre las comisarías y los vecindarios, pareciera marcar un rumbo que las autoridades policiales debieran explorar. Pareciera que en el Gobierno provincial y en la Justicia no se han notificado de esta alternativa.

Se ha experimentado tanto en los últimos años, se han forzado tantas marchas y contramarchas a partir de concepciones doctrinarias opuestas, que nada costaría con darle curso a estas sugerencias, que surgen del simple sentido común de los protagonistas de la vida social y que cuentan, además, con el antecedente de haber resultado exitosas en países que se caracterizan por la excelencia de sus fuerzas policiales.

Es también verdad que la seguridad de la población es un valor que no puede depender, exclusivamente, de la Policía, ya que, en mayor o menor grado, todos los organismos del Estado –y la propia sociedad- tienen mucha injerencia en esa materia. Sin embargo, también es cierto que el deber principal de la Policía es preservar el orden y evitar la comisión de delitos en la vía pública. Y que esa obligación primordial no la está cumpliendo en debida forma.