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Política y Economía |TAMBIÉN ARRESTARON A UN DUEÑO DE ELECTROINGENIERÍA

Dos ex comisarios de la Bonaerenses presos por ser cómplices de D’Alessio

Dos ex comisarios de la Bonaerenses presos por ser cómplices de D’Alessio

El juez Ramos padilla procesó con prisión preventiva a D´Alessio/web

26 de Febrero de 2019 | 02:38
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El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, ordenó la detención de los ex comisarios bonaerenses Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, acusados de participar en las extorsiones que encabezaba Marcelo D’Alessio.

Ambos ex comisarios ya fueron apresados por orden de Ramos Padilla que horas antes también procesó a D’Alessio y dictó su prisión preventiva, acusado de asociación ilícita y extorsión.

D’Alessio es investigado como miembro de una asociación ilícita que extorsionaba empresarios alegando una supuesta cercanía con el fiscal de la causa de los cuadernos, Carlos Stornelli.

En un extenso fallo de 216 hojas, Ramos Padilla consideró que “aparecen elementos” que vinculan a Bogoliuk y Degastaldi en las maniobras de D’Alessio. Este incluso declaró que fue Bogoliuk el que le dio “la tarea de hacer entrar en pánico” a Pedro Etchebest, el empresario agropecuario que presentó la primera denuncia por extorsión, que llevó a abrir el expediente contra D’Alessio.

Ramos Padilla le impuso a D’Alessio un embargo de $10 mil millones y dispuso poner en conocimiento del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, para que adopte “las medidas oportunas”.

También dispuso requerir al juez Julián Ercolini que le envíe la causa que se tramita en su juzgado, iniciada a raíz de una denuncia de Stornelli.

Ramos Padilla ya había pedido la intervención del procurador general. Así fue que le envió una carta para que abra una investigación sobre el accionar de Stornelli. Casal rechazó la solicitud. “No es función del Procurador General de la Nación realizar las medidas que ordena”, respondió.

En esa oportunidad, Casal le hizo saber a Ramos Padilla que no tenía conocimiento sobre si había “imputación de algún funcionario” del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

DETIENEN A DOS EMPRESARIOS

En tanto, dos empresarios, uno de la firma Electroingeniería y otro de Supercemento, fueron detenidos hoy por orden del juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas, informaron fuentes judiciales.

Los detenidos fueron Osvaldo Acosta, uno de los dueños de Electroingeniería, y Gustavo Dalla Tea, presidente de Supercemento, quienes fueron apresados tras presentarse a declarar en los tribunales federales de Comodoro Py.

Acosta, presentó un escrito negando los hechos que se le imputan; había sido citado por un desprendimiento de la causa de los cuadernos de la corrupción, que investiga la cartelización de la obra pública.

Por el expediente iniciado a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno, ya se encontraba detenido Gerardo Ferreyra, la otra cara visible de Electroingeniería, la constructora que creció gracias a los negocios que le cedió el kirchnerismo y que ingresó en el mercado de medios de comunicación.

Bonadio ordenó además la detención de Gustavo Dalla Tea, presidente de la compañía Supercemento SAIC, también citado esta mañana en los tribunales de Comodoro Py.

Personal de la Policía Federal Argentina procedió a detener a los imputados en el juzgado y realizar los trámites de rigor antes de su traslado.

El magistrado federal citó a indagatoria a ex funcionarios kirchneristas y a integrantes de casi todas las empresas que realizaron obra pública civil entre 2002 y 2015.

Carlos Wagner, quien fue detenido al comienzo de la causa de los cuadernos, fue quien se declaró culpable de haber organizado la cartelización de la obra pública durante el kirchnerismo. Había sido presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y confesó haber armado un sistema para pagar coimas por las obras públicas que no eran sometidas a procesos de licitación sino que las propias empresas decidían los ganadores de los millonarios contratos. Involucró en ese esquema de negocios oscuros al ex ministro de Planificación Julio De Vido, quien negó la acusación.

Otro arrepentido que dio información fundamental para explicar la cartelización de la obra pública fue el financista Ernesto Clarens.

 

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