El mismo fiscal que instruye la causa por la presunta maniobra con tarjetas de combustible, Juan Cruz Condomí Alcorta, investigó, el año pasado, una defraudación contra el mismo organismo provincial.
Según se determinó en octubre pasado, en poco más de un año una organización integrada por empleados de la Dirección General de Cultura y Educación (D.G.C. y E) le robó al Estado provincial alrededor de tres millones y medio de pesos por servicios laborales que nunca prestó. Por el caso fueron detenidas siete personas, entre ellos un empleado de ese organismo oficial. Por lo que figura en la causa, el
resto se conocía; de hecho, dos son pareja.
De acuerdo a la investigación aquel empleado de la Dirección de Educación sería quien organizó la maniobra. “Ingresaba periódicamente con su clave personal al sistema informático, por el cual varias personas cobraron mensualmente, en forma retroactiva y continua, por servicios laborales no prestados entre febrero de 2017 y 2018”, dijo una fuente del expediente, quien detalló que “la defraudación sería por una suma aproximada de $ 3.467.350”.
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