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Editorial

La formación de los policías no puede ser sólo un discurso

La formación de los policías no puede ser sólo un discurso

El gravísimo episodio ocurrido en Monte en el que efectivos policiales persiguieron a un automóvil en el que viajaban cinco jóvenes, habiéndose comprobado que se registraron disparos de los efectivos contra el vehículo en el que viajaban -que, además chocó contra un camión y terminó virtualmente desintegrado- quedando el saldo de cuatro víctimas fatales mientras que una chica de 13 años luchaba por su vida en la cama de un hospital, además de originar indignación y asombro, ha reabierto el debate sobre la debida capacitación de los uniformados en la fuerza policial de la Provincia.

Con justificada razón se señaló en la edición de ayer que, en este caso, reaparecieron procedimientos y formas de actuar de una policía a la que se creía reformada y renovada. Cualquiera sea lo que determinen las pericias y la decisión judicial sobre el caso en particular, los siete policías intervinientes fueron arrestados por su presunta responsabilidad en el incidente o por el supuesto encubrimiento delitos de sus pares. Sea como sea, se trata de un paso atrás para una repartición que la sociedad necesita recuperar en plenitud.

¿Quién explica esta tragedia? ¿Dónde quedan las promesas y anuncios sobre el profesionalismo y el nuevo paradigma policial?. Tales fueron, entre otros, algunos de los interrogantes planteados ayer en las columnas de este diario. Lo ocurrido en San Miguel del Monte, se dijo también, es la patética representación del fracaso de muchos discursos oficiales.

¿Son suficientes e integrales los cursos de formación y entrenamientos que se brindan para formar a un policía? Está muy claro que, para que un individuo se convierta en depositario de la confianza pública, que supone el debido ejercicio de la función policial, necesita de una adecuada capacitación profesional y una rigurosa evaluación de sus condiciones psicofísicas. Resultaría prematuro e impropio abrir juicio sobre este caso particular, pero no puede dejar de reconocerse que estos trágicos episodios actualizan interrogantes que estremecen a la ciudadanía.

Es una obviedad decir que un policía, que está armado en nombre de la ley, debe representar una garantía y no una amenaza para el ciudadano. Cuando se observa una inversión de esos roles esenciales, resulta inevitable una sensación colectiva de temor y desconfianza.

Cabe esperar que este hecho -sin duda lamentable- se convierta en disparador de un debate serio y de fondo sobre la profesionalización policial y acerca de la mejor evaluación a la que debe ser sometido todo aspirante a integrar una fuerza de estas características.

Las primeras reacciones oficiales han estado orientadas en esa dirección. Pero la experiencia obliga a remarcar, desde este espacio, la necesidad de no incurrir en reacciones espasmódicas sino en trazar un punto de partida para una revisión de fondo, consistente, estructural y -por supuesto- conducente para la profesionalización de los planteles policiales.

Sigue además pendiente la puesta en funcionamiento de la Policía Judicial, incorporada por la reforma de la Constitución provincial en 1994 y avalada por diversas leyes. Sin embargo, no se logra salir de una suerte de ciclo indefinido de marchas y contramarchas.

En cuanto a la cuestión de fondo, la carrera policial debe estar fundada en criterios sólidos y sustentables. No puede ocurrir -como ha ocurrido- que de una gestión a otra se incurra en giros drásticos, que se desarticule lo que había sido creado durante años y que se debiliten estructuras que lleva décadas consolidar.

Las academias de policía deben recuperar estándares de excelencia técnica y académica. Y para ello debe existir una estrategia de largo aliento, sin los movimientos bruscos y pendulares que caracterizan desde hace ya mucho tiempo a la política de seguridad.

 

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