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Todo comenzó con un perfil en la red social Twitter que decía corresponder a Miguel Ángel Pichetto y difundía ideas distintas a las del actual senador y precandidato a vicepresidente de Mauricio Macri.
Aunque el perfil falso incluía la aclaración “no oficial” -como destacó el abogado de su creador, cuando la justicia lo localizó- era fácilmente confundible con el del legislador y expresaba opiniones diferentes a las de éste.
La aparición de la cuenta llevó al Congreso a impulsar una denuncia en la Justicia que terminó con el autor del perfil “trucho” identificado y posteriormente sobreseído por falta de un marco legal para condenarlo.
No fue todo, ya que la Justicia exhortó al propio Congreso a tratar algunos de los proyectos presentados en ese ámbito hasta el momento para penar el robo de identidad.
Desde 2008 hubo al menos ocho proyectos legislativos para penalizar estas conductas y hasta el anteproyecto de reforma del Código Penal lo incluyó en su articulado.
Con todo, hasta ahora no hay sanción prevista por la ley para este tipo de situaciones.
La mayoría de estas propuestas apuntan a la modificación de los actuales artículos 138 y/o 139 del Código Penal.
La denuncia fue presentada considerando que “el hecho que se investiga no sólo ha perjudicado personal, moral y políticamente al Senador (Pichetto), sino que también lesiona su imagen y la de la Honorable Cámara de la cual forma parte”.
En el ámbito político, a partir del caso, sonaron todas las alarmas ante la falta de reglamentación para penalizar este tipo de delitos en momentos de campaña electoral.
El fallo, que fue dictado por el juez Ariel Lijo, subrayó la necesidad de que el Congreso analice esta situación dado que, de lo contrario, se está dando lugar a “un gran abanico de conductas maliciosas” que están teniendo lugar en las redes.
Entre los delitos que mencionó como los más comunes que actualmente representan un problema en Internet se cuentan “estafas comprando con tarjetas de crédito de la víctima -uno de los delitos más comunes-, la creación de perfiles falsos en redes sociales como Facebook o Twitter, para publicar mensajes que buscan difamar a la víctima; la utilización de la identidad de un menor, buscando acosar a otros menores; la utilización de la identidad de una persona (previo acceso indebido a su cuenta de correo electrónico) para enviar correos publicitarios no solicitados (spam)”.
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