Abasto: ordenan el cierre de un centro de menores

La crisis en un centro de detención juvenil de La Plata tuvo en las últimas horas un desenlace contundente: la Justicia ordenó su cierre inmediato tras comprobar un cuadro crítico tanto en lo edilicio como en las condiciones de alojamiento. La medida alcanza al Centro Cerrado Eva Perón II, ubicado en Abasto, y obliga a reubicar a todos los jóvenes allí alojados.

La resolución se dictó en el marco de un habeas corpus colectivo que venía alertando desde hace tiempo sobre el deterioro del lugar y los riesgos concretos para quienes permanecían internados. Según se desprende del expediente, las advertencias se habían reiterado en distintas oportunidades sin que se registraran mejoras sustanciales.

El fallo, firmado por la jueza de garantías Lorena Vuotto, fijó un plazo de 48 horas para la clausura del establecimiento y dispuso el traslado de los internos a otros dispositivos que garanticen condiciones adecuadas de habitabilidad, seguridad y acceso a derechos básicos.

Uno de los puntos centrales de la decisión fue el informe elaborado por peritos en arquitectura, que resultó determinante. Allí se concluyó que el edificio no reúne las condiciones mínimas para su funcionamiento. Entre las principales falencias se detallaron problemas estructurales, fallas graves en las instalaciones sanitarias, riesgo eléctrico y la falta de aislamiento térmico, un aspecto especialmente sensible ante la llegada de las bajas temperaturas.

El panorama descripto fue calificado como directamente inhabitable, lo que terminó de inclinar la balanza hacia una medida de fondo. Pero la situación no se limitaba a lo edilicio. El habeas corpus también incluyó denuncias por presuntas vulneraciones de derechos dentro del centro. En ese sentido, se mencionaron episodios de violencia, requisas invasivas, deficiencias en la atención médica, alimentación insuficiente y restricciones en el acceso a actividades educativas y recreativas.

Estas situaciones habían sido señaladas en reiteradas ocasiones por organismos de control, entre ellos la Comisión Provincial por la Memoria, que desde hace años monitorea las condiciones de encierro de jóvenes en la provincia.

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En su resolución, la magistrada también apuntó a la falta de respuestas por parte del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, al remarcar que no se implementaron medidas eficaces pese a los reiterados reclamos.

Lo cierto es que el caso vuelve a poner bajo la lupa el estado de los dispositivos de encierro para menores en la provincia de Buenos Aires y reabre el debate sobre las condiciones en las que se cumplen estas medidas.