Mariano Spezzapria

@mnspezzapria

En medio de las negociaciones, hasta el momento empantanadas, para que se pague un bono de cinco mil pesos a los trabajadores del sector privado, la CGT consiguió ayer que el Gobierno liberara unos 3.000 millones de pesos que se destinarán a las obras sociales sindicales.

Si bien la medida tiene una arista dentro del “toma y daca” clásico de una negociación entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, también es cierto que las obras sociales afrontan graves problemas para seguir financiando tratamientos de alta complejidad, indicaron fuentes del sector.

La última devaluación pegó muy fuerte en los prestadores de la salud –tanto las obras sociales como las prepagas- y en algunos casos estaría muy cercano el corte en la cadena de pagos. Por eso el Gobierno accedió a enviar esos fondos, que llegarán a los gremios en tres pagos consecutivos.

En rigor, fuentes sindicales advirtieron que se trataba de un compromiso de la administración del presidente Mauricio Macri con la CGT prácticamente desde el comienzo de su gestión. Las partidas comprometidas oficialmente saldrán del denominado Fondo Solidario de Redistribución (FRS).

Las negociaciones entre los gremios y el Gobierno tuvieron lugar en la mesa de la Superintendencia de Servicios de Salud, pero más allá de los técnicos que acordaron los montos y los plazos, hubo conversaciones al más alto nivel entre los sindicalistas y la Casa Rosada.

El intermediario es el ministro de Trabajo, Dante Sica, quien además de recomendar la liberación de los fondos para que no quiebren las obras sociales, busca acercar posiciones entre la CGT y las cámaras empresarias con el objetivo de que se destrabe el bono para trabajadores privados.

De acuerdo a las fuentes consultadas por EL DIA, la central obrera pretende que el Gobierno fije el bono de cinco mil pesos por decreto, mientras que los empresarios –en especial los representes de las pymes- reclaman compensaciones fiscales para poder hacer frente a esa erogación.

El Gobierno, a su vez, espera que el bono extra se acuerde a más tardar el lunes próximo en una reunión a la que Sica está convocando a sindicalistas y empresarios, de tal modo que las empresas puedan hacer a tiempo a liquidar los haberes de octubre.

En este contexto el líder cegetista Héctor Daer ya aceptó que el bono para los trabajadores privados sea de cinco mil pesos, el mismo monto que el Gobierno pagará a los empleados del sector público, pero los empresarios advierten que la medida no puede ser de carácter obligatorio.

“Sería una irresponsabilidad obligar a las empresas que, por la devaluación y la inflación, ya tienen que hacer frente a la reapertura de paritarias”, dijo el representante de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja. Y tanto Daer como la UIA mantienen ya conversaciones con el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, quien propone un acuerdo social entre sindicalistas y empresarios a fin de frenar la espiral inflacionaria al menos por 180 días, en el comienzo de su eventual mandato.