Un Presidente en manos del Congreso

EFE

Martín Vizcarra se encuentra nuevamente al borde del abismo y en manos de un Congreso peruano completamente impredecible y divido entre legítimos reclamos contra la corrupción, cálculos políticos, abierta hostilidad al mandatario y diversos grados de responsabilidad e irresponsabilidad política. Hoy el presidente de Perú se presentará ante el Congreso para su segundo juicio político en menos de dos meses, con una opción bastante plausible de salir de allí despojado de su mandato, sujeta a cálculos de último minuto y decisiones que aparentemente se van a tomar sobre la marcha.

De momento, la intuición y los mensajes lanzados por diferentes sectores hablan de que el presidente, acusado por los congresistas de “incapacidad moral permanente” por supuestos actos de corrupción cometidos cuando era gobernador de la sureña provincia de Moquegua (2011-2016), se salvaría por escaso margen de la destitución.

Para ser “vacado”, el término legal peruano para este proceso, la propuesta lanzada por el opositor partido Unión Por el Perú (UPP), pero respaldada de un modo u otro por representantes de casi todas las bancadas, debe alcanzar una mayoría cualificada de 87 votos sobre los 130 diputados del Congreso. Sin embargo, la situación no es para nada clara y persisten muchísimos interrogantes sobre qué podrá suceder finalmente en el Congreso, que dependerá, y mucho, de la postura individual de los diputados.

Prácticamente todos los medios peruanos informan de cálculos, sumas, restas y tendencias sobre la vacancia y apuntan que, de momento, habría 58 votos seguros para la destitución, 46 en contra o abstenciones, que para efectos prácticos es lo mismo, y 26 que aún no han decidido qué harán.

Con esto, Vizcarra podría respirar tranquilo, aunque con muchos matices.

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El mandatario, que no tiene bancada oficial, se sostiene por los votos del Partido Morado (9) y Alianza para el Progreso (APP, 21), que ya anunciaron que votarán en contra para dar “estabilidad” al país.

Más allá de eso, las esperanzas de Vizcarra están puestas en las divisiones internas de la mayoría de los otros grupos, pues salvo UPP (13), ningún otro parece que votará en bloque a favor de la destitución.

Entre estos grupos destaca Acción Popular (AP, 24), donde conviven varias tendencias que pugnan por el poder interno, unas favorables a Vizcarra y otras visceralmente opuestas.

Además, el partido está haciendo un balance de consecuencias, pues en caso de una destitución, el presidente del Congreso, Manuel Merino, de AP, tomaría las riendas del Estado hasta julio de 2021, y muchos consideran que eso podría dañar al partido de cara a las elecciones generales previstas para abril de ese año.

AP también quedó herido tras el anterior intento de vacancia en septiembre, impulsado por Merino y que terminó en un estruendoso fracaso que no parece que el grupo quiera volver a repetir.

Clave será también la votación del grupo evangélico FREPAP (15), que siempre vota en bloque y que durante la admisión a trámite de este proceso se abstuvo.

Sus portavoces no han dicho una palabra sobre su intención de voto y, si bien pareciera que se inclinan contra la vacancia, también fueron el único grupo que votó a favor de destituir al mandatario en septiembre.

EXPECTATIVA

Todo cuelga en realidad de un hilo muy endeble que puede deshacerse además en el momento en que aparezca cualquier otra acusación seria contra Vizcarra antes del momento de la votación.

Desde el inicio de esta crisis, han sido las ediciones dominicales de la prensa escrita y los programas nocturnos de televisión quienes revelaron las graves acusaciones y denuncias contra el mandatario y nadie sabe si habrán encontrado algo más que podría terminar por derribar finalmente al mandatario.

La sospecha de que algo más podría aparecer en las horas previas a la votación está alimentada por el hecho de que Vizcarra pidió durante la semana adelantar su juicio al viernes, ostensiblemente para no “alargar” la incertidumbre de la nación.

El hecho es que todo el mundo interpretó ese pedido como una forma de evitar que nuevas revelaciones durante el fin de semana arruinen definitivamente sus opciones.

Así lo ha confirmado portavoces de varios partidos, quienes han dicho que su posición podría cambiar radicalmente en caso de que se publiquen nuevas pruebas de corrupción contra el mandatario.

DENUNCIAS

Este segundo pedido de destitución responde a la denuncia de que Vizcarra recibió pagos millonarios a cambio de conceder obras públicas en Moquegua, de acuerdo a las declaraciones de varios aspirantes a colaboradores eficaces de la Justicia (delatores premiados).

Los testigos, cuya declaración aún no ha sido corroborada, ni aceptada como válida por la Justicia, acusan a Vizcarra por dos casos distintos, vinculados a la trama del denominado “club de la construcción”, la supuesta asociación ilícita de varias empresas de infraestructuras peruanas para repartirse licitaciones públicas a cambio del pago de sobornos.

A raíz de esta denuncia, el fiscal Germán Juárez, del equipo especial de la fiscalía que lleva el caso Lava Jato, solicitó tomar declaración a Vizcarra, quien niega las acusaciones vehementemente, en la investigación preliminar abierta por los delitos de colusión y asociación ilícita.

Esa cita con el fiscal, prevista para el pasado martes, no fue atendida por el mandatario, que aduce que hay dos fiscales (uno Juárez, otro en Moquegua) que lo están investigando y que eso complica su defensa.

Mientras se aclara esta situación, Juárez volvió a llamar a declarar al mandatario “obligatoriamente” el próximo día 12.

PRIMER PEDIDO POR SWING

Este proceso no guarda relación directa con el que enfrentó Vizcarra en septiembre, que surgió después de la revelación de una serie de grabaciones clandestinas, fruto de una “traición” de la asistente personal de Vizcarra, Karem Roca, en la que el mandatario parece querer ocultar varias reuniones con Richard “Swing”, un desconocido músico que recibió injustificados contratos en el Estado supuestamente por ser amigo del gobernante.

En esa ocasión, la inmensa mayoría del congresistas rechazó la destitución en aras de la estabilidad y después de que Merino hubiera intentado dialogar con las FF.AA y crear un “gobierno en la sombra” antes incluso de que se conocieran las denuncias contra el mandatario.