La pandemia dispara roces entre la primera trinchera de contención y el Gobierno

La pandemia y los lógicos temores que acarrea, generan grietas. Ya no se trata de la tradicional que se descerrajó con fuerza en los últimos años de la vida política del país entre kirchneristas y antikirchneristas. Ahora, esa dicotomía cruza sin distinción de pertenencias partidarias y se refleja en muchas de la decisiones oficiales que se adoptan en el marco del combate que se libra en varios frente contra el temible coronavirus.

Diversas medidas que están cerca de alumbrar para hacer un poco más flexible el aislamiento parecen impregnadas por ese sesgo. El gobierno nacional tiene resuelto establecer una nueva disposición para incluir dentro de la excepciones a una serie de actividades que hoy aparecen vedadas. Pero la aplicación de esa pequeña laxitud sobre la cuarentena que contemplaría a los consultorios médicos, ópticas y centros de diagnóstico por imágenes y compañías de seguros, sólo regirá en caso de que logre el beneplácito de cada una de la provincias que tendrán la última palabra en su territorio.

En el caso de Buenos Aires, esa aplicación tampoco será automática. Axel Kicillof pretende que la “cuarentena administrada” sólo tenga vigencia en los distritos donde los intendentes se avengan a garantizar los protocolos de control. De hecho, el Gobernador se dispone a hablar “uno por uno” con los jefes comunales antes de autorizar la flexibilización.

Por eso, se aguarda que en la Provincia se profundicen distintas realidades. No habrá un tratamiento uniforme frente a la pandemia más allá de las decisiones de política sanitaria que todos deberán cumplir.

Si bien existe un criterio general de que el Conurbano profundice el aislamiento, cada alcalde tendrá que hacerse responsable de hacer cumplir las medidas de control que requieran la habilitación de las nuevas actividades permitidas. La Provincia se limitará a avalar si el jefe distrital se hace cargo del monitoreo del funcionamiento de las nuevas tareas incluidas en la disposición nacional.

Per se, Kicillof no firmará autorizaciones para abrir ningún cepo.

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“En algunas comunas del Interior se habilitarán actividades que no impliquen el ingreso de gente de otros distritos”

No es lo único que se cocina bajo el parte diario de contagiados y decesos producidos por el virus. Varios intendentes del Interior han puesto el grito en el cielo con la decisión del gobierno nacional de habilitar el retorno a sus lugares de origen de ciudadanos que habían quedado varados dentro del país en el arranque de las medidas excepcionales de aislamiento.

Muchos de ellos han virtualmente tapiado sus distritos para evitar la propagación de la enfermedad. Nadie entra ni sale sin una justificación fundada. Incluso, establecieron la prohibición de andar en la calle después de la seis de la tarde. De pronto, deberán abrir ese grifo que custodian con celo para atender una disposición que no comparten.

En la Provincia también surgieron voces discordantes con esa disposición. Para muchos intendentes, en especial del Interior, esa decisión ajena a sus jurisdicciones pone en jaque el cepo con el que procuran frenar el virus. Cerca de 60 comunas no registran casos de contagios y si bien varios alcaldes quieren habilitar el funcionamiento de algunas actividades para reactivar la economía, esa decisión siempre surgirá con las fronteras herméticamente cerradas por retenes integrados por fuerzas de seguridad locales. Ninguno de ellos, además, quieren perder la cucarda del municipio sin contagio.

No son los únicos chispazos que surgen por la atipicidad de la pandemia. Médicos y policías que deben traspasar esas fronteras reforzadas, se han encontrado con bienvenidas poco amigables, en especial si provienen de comunas donde hay vecinos infectados.

En medio de esos roces Kicillof debe atender otro frente de batalla: el de la renegociación de la deuda bonaerense con acreedores externos.

Siguiendo los lineamientos nacionales, posiblemente el martes alumbre una propuesta que apunta a reestructurar vencimientos por unos 7.148 millones de dólares. No se trata del total de las obligaciones bonaerenses: el Gobernador resolvió dejar afuera de la oferta a los créditos tomados con los organismos de crédito internacionales y la deuda que la Provincia asumió en pesos.

“Así como está, la deuda es impagable”, reiteran en el Ejecutivo. Se estima que la Provincia planteará quitas y establecer un período de gracia de al menos de tres años, en sintonía con lo propuesto por la Casa Rosada. Se verá la receptividad que la oferta tendrá entre los acreedores bajo el siempre temido escenario de default, ahora opacado por la las urgencias de la pandemia.