En una cárcel de Florencio Varela, el primer caso de un preso con COVID-19

Un preso de la cárcel de Florencio Varela fue internado en un hospital luego de detectarse que estaba infectado de coronavirus, por lo que se aislaron a otros cinco detenidos y diez guardia cárceles que tuvieron contacto con él, según se informó desde el Servicio Penitenciario Bonaerense.

Se trata del primer caso diagnosticado detrás de las rejas de un penal, a lo largo de todo el sistema penitenciario argentino, que concentra cerca de 90 mil hombres y mujeres privados de su libertad. Alrededor de 47 mil corresponden al sistema bonaerense.  Según se informo, dio positivo en el testeo por Covid-19 y quedó internado en Interzonal General de Agudos Presidente Perón de Avellaneda.

Se trata de un hombre de 49 años, que padece una enfermedad renal crónica y necesita tres diálisis semanales, las cuales se le aplican los lunes, miércoles y viernes en el mencionado hospital.

El viernes pasado, cuando el detenido fue llevado desde el penal al centro asistencial para realizarse una diálisis, los médicos advirtieron que el paciente tenía fiebre, por lo que le practicaron los estudios correspondientes (un doble hisopado: orofaríngeo y nasofaríngeo) que arrojaron que estaba infectado de coronavirus. Quedó internado allí con custodia penitenciaria.

En el Servicio Penitenciario se especulaba ayer con que la infección podría haberse generado en esos viajes a la clínica.

Hasta el momento, los casos reportados por el SPB eran tres y todos de personal de guardia, sin contacto con detenidos, en las cárceles de Campana, Olmos y la alcaidía de Melchor Romero.

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AISLADOS

Ante esta situación, el SPB decidió, a modo preventivo, aislar a cuatro detenidos que compartían la sala en el sector de Sanidad de la Unidad 42 con el interno infectado y a otro preso que realizaba el mantenimiento en esa área.

Además, se encuentran en cuarentena en sus domicilios diez agentes penitenciarios, uno de ellos por ser el que trabaja en la sala descripta y los otros nueve por haber trasladado al detenido la semana pasada al hospital para las diálisis.

Según la información difundida ayer, ninguno de los 15 aislados presenta hasta el momento síntomas compatibles con el coronavirus.

En tanto, como uno de posibles afectados es un detenido que ocupaba del mantenimiento y la higiene del sector de sanidad, las autoridades analizaron a los otros 56 internos de su mismo pabellón y ninguno presentó fiebre.

Se trata de siete integrantes del SPB oriundos de San Pedro y tres de Campana, quienes se reincorporarán a sus labores habituales.

A su vez, el suboficial contagiado se recupera favorablemente, añadieron los informantes.

Más allá de los aislamientos preventivos, desde el SPB detallaron que desde que se inició la pandemia se realizan frecuentes tareas de desinfección con agua y cloro en todos los pabellones y celdas, y con mayor intensidad en las salas de los sectores de Sanidad.

A la vez, se indicó que para los movimientos de traslados, tanto el interno afectado como los agentes penitenciarios aplicaron las medidas de bioseguridad dispuestas: estricto uso de barbijos y guantes.

Según se detalló desde el SPB, la Unidad 42 instaló una cámara de asepsia por la que deben pasar los agentes penitenciarios que cumplen funciones en contacto con la población. Al apretar una barra, les cae agua con lavandina desde un pulverizador para desinfectar el uniforme y pertenencias, para luego lavarse las manos con jabón, aplicarse alcohol en gel y colocarse el barbijo.

Por otra parte, diez agentes de la Unidad 21 Campana en cuarentena preventiva en sus domicilios luego de que un suboficial de ese penal dio positivo fueron dados de alta al certificarse que no fueron contagiados.

DEFENSORES CONTRA UN RECURSO

En este contexto, los defensores oficiales de la Provincia pidieron se declare inadmisible el recurso presentado por el fiscal de Casación, Carlos Altuve, contra la orden de otorgar la prisión domiciliaria a los imputados de delitos leves que integren el grupo de riesgo de contagio de coronavirus.

El beneficio para esos presos había sido dispuesto por la Sala I del Tribunal de Casación bonaerense. La decisión fue recurrida por Altuve, quien pidió que aclare qué es delito leve y qué es delito grave.

Los defensores de los 18 departamentos judiciales presentaron en las últimas horas un escrito para que se declare inadmisible el recurso de Altuve, al tiempo que hicieron la reserva federal por considerar que están comprometidas las garantías constitucionales.

Para los defensores, el fallo de Casación “no hace sino resolver una cuestión incidental en cada uno de los procesos relacionados al universo de personas privadas de su libertad”.  A la vez, cuestionan la postura fiscal puesto que “después de pregonar que debían ser los jueces naturales de la instancia quienes decidieran cada caso concreto, deja de lado por completo a dicho argumento y le exige al Tribunal que delimite qué delitos deben ser considerados leves y cuáles graves”.