Con revueltas, huelgas de hambre y videos, los presos piden domiciliarias

Son muchos -cada vez más- los que se rebelan contra la directiva de quedarse en la casa para evitar la propagación del coronavirus COVID -19, sobre todo si la “casa” es un penal y la salida el beneficio al que habían accedido casi a punto de la excarcelación definitiva.

“Acá estamos arriba del techo”, se lo escucha y se lo ve decir a un hombre con gorrita roja que desde las alturas hace un paneo con su teléfono celular mientras cuenta que “estamos todos los pibes acá luchando por nuestra libertad; no queremos morir acá”. Y arenga: “Estamos unidos, vamos los pibes”.

Se trata de uno de los 150 detenidos de la Unidad 10 de Melchor Romero que ayer protagonizaron una revuelta que se viralizó tan rápido como llegaron a las redes y a los medios los videos que ellos mismos filmaron, para pedir morigeraciones que los saquen de la cárcel en estos días de pandemia.

El reclamo arrancó poco antes de las 10 de la mañana en ese penal situado en 519 y 176, que alberga a internos en el último tramo de la condena. Unos 50 de ellos se subieron a los techos, en tanto que otros se manifestaban en los patios, casi todos con sus teléfonos celulares registrando los planteos y una eventual represión, que no pasó.

“Mirá ahí, vienen con la escopeta, porque la lapicera no la agarran ni en pedo”, ironizó uno de los presos en uno de los tantos videos que se viralizaron por WhatsApp.

Se refería a la llegada de los policías a la puerta de la unidad, a donde también acudieron representantes de la Defensoría General de La Plata, de la Comisión Provincial por la Memoria, de la Plana Mayor del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), el juez de Ejecución José Villafañe y el fiscal en turno Martín Almirón, por si en el curso de la protesta se producía algún delito. Eso tampoco sucedió, confirmaron a este diario fuentes judiciales, aunque en un par de videos algunos muchachos se jactaban de que “se pudrió en la 10, está todo mal”, como no faltó aquellos que invitaban a preparar “harpones” y “fierros”, a modo de advertencia.

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Tras al menos cuatro horas de diálogo entre las autoridades y dos representantes de cada uno de los pabellones se pudo “disuadir a los internos para que canalizaran sus reclamos sin alterar el orden del penal”, explicaron fuentes del SPB.

La situación fue controlada del todo poco después de las 14, sin heridos, con el acuerdo de que los internos volcarían en un petitorio todos los reclamos judiciales, con el foco puesto en la concesión de prisiones domiciliarias y excarcelaciones, aunque también expusieron sus quejas por la superpoblación y el “atraso judicial”, además de exigir mejoras en las condiciones de detención, prevención y atención sanitaria.

Sucede que buena parte de los detenidos en ese penal de régimen abierto gozaban de salidas transitorias que el poder judicial resolvió suspender a partir del decreto de aislamiento social preventivo y obligatorio del 20 de marzo, como manera de prevenir el ingreso del COVID-19 al penal.

“Nosotros pedimos que sea al revés”, expuso uno de los presos, “quedarnos en nuestras casas para no llevar el virus a la cárcel”.

La Unidad N°10 es una de las tres que conforma el complejo penitenciario de Melchor Romero, junto a la N°34 para detenidos con diagnósticos psiquiátricos y la alcaldía número 3, que es donde están alojados ocho de los acusados de matar a golpes a Fernando Báez Sosa en Villa Gesell. “Hay unión porque sabemos que los juzgados están haciendo las cosas mal. Hay una banda de pibes que están pasados de su beneficio y no los largan. Llega esa enfermedad y nos mata. Acá no te dan una Buscapina en Sanidad, imaginate si nos van a tratar con esa enfermedad”, aseguraba un detenido en otro video.

El registro y difusión de todo ese material también generó controversia, en particular porque el propio poder judicial autorizó a los internos a usar teléfonos celulares registrados para aliviar la tensión que genera la falta de contacto con sus familiares y la suspensión de muchas actividades intramuros. “Eso es lo menos importante ahora”, opinó ayer una fuente oficial, “lo urgente es solucionar el problema que nos ocupa”, por el reclamo en la 10 y la declaración de la huelga de hambre en otras seis unidades penitenciarias de la Provincia (ver aparte). Al cierre de esta edición unos 341 presos pedían que se les conceda la libertad condicional, asistida o arrestos domiciliarios a quienes estén en condiciones de acceder a esos beneficios procesales, así como dejar en sus casas a los internos que hasta mediados de marzo pasado gozaban de salidas transitorias, y liberar a los que están con prisión preventiva sin sentencia firme o que se les conmuten penas (ver aparte).

El caso de Julián Arakaki, el preso de Florencio Varela condenado a prisión perpetua por matar a su hija, que se contagió coronavirus encendió las alarmas entre detenidos y penitenciarios, en un sistema donde conviven 45 mil presos.

El caso del filicida con coronavirus encendió las alarmas entre presos y penitenciarios