Récord de participación por la reforma de la Ley de Glaciares

La convocatoria a audiencias públicas para analizar la reforma de la Ley de Glaciares superó todas las previsiones en el Congreso nacional. Más de 27.000 personas se inscribieron para exponer sus posturas, lo que generó dificultades logísticas y obligó a las autoridades parlamentarias a revisar el esquema previsto. El alto número de anotados puso en duda la viabilidad de las dos jornadas inicialmente programadas para escuchar las intervenciones y abrió la discusión sobre la necesidad de ampliar los tiempos de debate.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados habían establecido una audiencia presencial para el miércoles 25 y otra virtual para el jueves 26. Sin embargo, la magnitud de la convocatoria volvió insuficiente el cronograma original.

Por este motivo, el proceso se encuentra actualmente en un cuarto intermedio técnico mientras se evalúan alternativas para reorganizar las exposiciones. Según fuentes legislativas, se mantendrían las fechas previstas, aunque no se descarta sumar nuevas jornadas para permitir la participación del mayor número posible de inscriptos.

Reclamos de la oposición y organizaciones ambientales

La instancia de participación fue habilitada luego de que el Senado otorgara media sanción al proyecto el pasado 26 de febrero. Legisladores opositores y organizaciones ambientalistas habían reclamado la realización de audiencias públicas para garantizar un debate amplio antes de la votación definitiva.

En ese marco, distintos sectores solicitaron extender los plazos para cumplir con los estándares del Acuerdo de Escazú, el tratado regional que promueve el acceso a la información y la participación ciudadana en cuestiones ambientales. También advirtieron que, si no se respeta el derecho de todos los inscriptos a ser escuchados, el proceso podría derivar en cuestionamientos judiciales.

La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo propone modificar el actual régimen de protección de glaciares y ambientes periglaciares con el objetivo de facilitar inversiones mineras e hidrocarburíferas. Este punto concentra la mayor resistencia de sectores científicos, sociales y ambientales.

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El Gobierno, por su parte, defendió la convocatoria a audiencias como una forma de transparentar el debate y sumar respaldo social a la propuesta, lo que motivó la inscripción de especialistas, organizaciones y ciudadanos de diversas provincias.

La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, establece la protección de estos ecosistemas y de las zonas periglaciares, consideradas reservas estratégicas de agua. Entre otras disposiciones, restringe la realización de actividades humanas que puedan afectar su preservación.

El proyecto que obtuvo media sanción en el Senado plantea flexibilizar ese marco normativo mediante la reducción de áreas protegidas, la redefinición del ambiente periglacial —clave en la regulación hídrica— y la ampliación de las facultades de las provincias para administrar esos territorios.