Los apremios de la pandemia se proyectan al escenario de la renegociación de la deuda

El Area Metropolitana concentra el 60 por ciento de los contagios de coronavirus. Y el tiempo de duplicación de casos que en distintas zonas del país es de 25 días, en las áreas más postergadas y densamente pobladas de la Provincia se reduce a la mitad.

Los asentamientos y su pobreza estructural son una bomba de tiempo. Suponen un escenario propicio para el despliegue del virus. Es la explicación central de por qué la cuarentena administrada logró una apertura mayor en distritos del Interior donde no hay contagios y de por qué las restricciones se mantienen en el Conurbano donde la circulación del virus es mayor y más peligrosa.

Ese cuadro aporta otras lecturas. En principio, es una potencialidad de propagación que sigue sin desactivarse. Por lo que se sabe, son escasos los test para detectar contagios que se realizaron en esas zonas. También, resulta llamativo que esos exámenes recién comenzaran en territorio bonaerense una vez que se conocieran los altísimos índices de circulación del virus en los asentamientos de Capital Federal.

La infección, por ahora, parecen seguir un curva medianamente controlada. Esa situación supone la puerta de entrada para que el gobierno de Axel Kicillof impulse el regreso a la actividad de algunos sectores industriales. Esa decisión reconoce, en principio, varias aristas. La primera, la necesidad de que la economía comience a moverse porque muchas de estas industrias, por el caso la automotriz de fuerte presencia en territorio bonaerense, tuvieron producción cero en abril.

Hay otro factor: el que tiene que ver con el abastecimiento. En el Gobierno han hecho un estudio que indica que con la llegada del frío vendrá una demanda de elementos de calefacción que rebasará el stock existente. “Hay que permitir que se fabriquen estufas”, dicen en despachos oficiales. Será una de las actividades que se habilitará.

Un tercer elemento inclinó el fiel de la balanza. El pedido de los intendentes y las propias necesidades del tesoro provincial. Reactivar en parte la industria supone poner en marcha, aunque sea parcialmente, una ingeniería que podría permitir una lenta recuperación de los ingresos fiscales, golpeados con dureza en abril. Lo peor, en relación al rubro ingresos, podría estar llegando: los guarismos del mes pasado todavía registraron el arrastre de marzo donde la cuarentena impactó en sólo 10 días, pero en mayo en ese ítem sólo se esperan peores noticias por el abrupto parate económico.

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En la Provincia hubieran aguardado trámites un tanto más expeditivos en estos permisos de funcionamiento que debe avalar la Nación. Las autorizaciones deben pasar por los filtros del ministerio de la Producción y de la Jefatura de Gabinete y esa burocracia demora las autorizaciones que van saliendo en etapas. De ese tema habría hablado el Gobernador el viernes con el Presidente.

La situación del comercio es distinta. Afronta los mismos perjuicios que la industria, pero Kicillof resolvió que los permisos sean puntuales. La premisa oficial pasa por evitar que se dispare la circulación de gente, y con ella, la del virus.

Esos permisos son motivo de roces subterráneos entre los alcaldes del PJ y la Provincia. Hay funcionarios que sospechan de que en sus contactos con las cámaras comerciales de sus distritos, los intendentes responsabilizan a Kicillof por poner freno a las aperturas de más locales. Por eso, en las últimas horas, funcionarios bonaerenses salieron a contrarrestar con la afirmación de que ningún distrito vino a plantear a La Plata pedidos para una apertura indiscriminada de sectores.

PERMISOS

Habría pesado en la decisión provincial de acotar permisos a comercios que llevó Kicillof a la mesa de negociación con Horacio Rodríguez Larreta y el presidente Alberto Fernández, los guarismos de una encuesta que encargó el Gobierno para auscultar el humor social en el Conurbano en medio de la pandemia. El 83 por ciento de los encuestados se manifestó “nervioso” con la posibilidad de salir del confinamiento, según ese sondeo.

Los efectos de la pandemia se mezclan con otros dolores de cabeza para el Gobierno. El del pago de la deuda externa es uno de los principales. Mañana vence el plazo para que la Provincia salde unos 111 millones de dólares. Y la fecha cae en pleno proceso de reestructuración de deuda que encaró la administración Kicillof que no ha generado, como ocurrió en la Nación, demasiado entusiasmo entre los acreedores que presionan para una negociación en condiciones más favorables.

En el gobierno provincial eluden hablar de default. “Seguimos dialogando con los bonistas en busca de un acuerdo”, sostienen. Pero el deadline parece acercar un final esperable, más aún con la virtual certeza que se transmite en fuentes oficiales de que el desembolso no se hará.

“El gesto ya lo hicimos en febrero cuando se pagaron los 570 millones de dólares”, dicen en la Provincia. Están convencidos de que saldar el inminente vencimiento, más allá de las dificultades para obtener los recursos en medio de la crisis, supondría boicotear su propia propuesta de reestructuración. Y de paso, la que ensaya también con enormes dificultades la Nación.