Lo que ocurre desde hace varios días en la Ciudad podría servir como argumento para una pieza de teatro del absurdo: mientras el comercio ilegal ha tomado la calle y se expande descontrolado, el legítimo agoniza con sus persianas bajas. Así lo reflejó la nota periodística publicada anteayer en este diario. Sin protocolos a cumplir de ninguna naturaleza por el COVID-19 y, desde luego, con todas las “ventajas” tributarias de que disponen, los vendedores ambulantes ganaron nuevamente los espacios públicos, mientras la mayoría de los comercios regulares permanece cerrado por la cuarentena.

El sinsentido llegó a su apogeo. La venta ilegal es ahora la que no tiene competencia, porque -exceptuando rubros como los de alimentación, farmacia y algún otro- el comercio legal se mantiene cerrado hace más de sesenta días y los dueños de esos locales siguen pagando alquileres, impuestos y tasas municipales, acumulándose así para ellos muchas deudas y, ahora, la cierta eventualidad del cierre de sus negocios.

Sólo faltaría que los peluqueros, zapateros, propietarios de bares, vendedores de artículos del hogar y tantos otros, cuyos locales se encuentran alcanzados por la cuarentena, se instalen en las veredas ellos también, para lograr trabajar, verse liberados de todo tipo de control y obtener la seguridad de que el poder público dejará de prohibir sus actividades, ya que la calle da para todo. Se trata, por cierto, de hipótesis irracionales, pero que surgen como resultantes lógicas de lo que realmente está sucediendo en la Ciudad.

Si quisiera extremarse los ejemplos, podría señalarse que en ese contexto los dentistas encontrarían luz verde para montar sus consultorios en la vía pública, al igual que otros profesionales y cuentapropistas con actividades vedadas. Todos ellos podrían, así continuar su vida laboral, pero sin la obligación de pagar ningún tipo de tributo. Y es casi seguro que tampoco los alcanzaría -por inexistencia de inspecciones- ninguna exigencia de índole sanitaria, ni siquiera en estas jornadas condicionadas por una temible pandemia.

“Hace cuatro años que venimos denunciando esta situación, la del crecimiento constante de la venta ambulante y las autoridades nunca la pudieron ordenar”, sintetizó el presidente de la comisión de centros comerciales de la Federación Empresaria La Plata (FELP). Los reclamos recientes de reapertura de algunos rubros, formulados por los empresarios, se vieron acompañados, agregó, de iniciativas que incluyen protocolos estrictos para proteger a empleados y clientes. Y se preguntó ¿qué protocolos cumplen los vendedores ambulantes? Consignó que, por lo pronto, no respetan siquiera las pautas de distanciamiento social en las veredas.

Similares reclamos se formularon desde el Centro Comercial Calle 8, 9 y Adyacencias, añadiéndose que los comerciantes que tributan al fisco hace más de dos meses que no facturan un peso y ven que “cada día hay más vendedores ambulantes”, que no cumplen ningún protocolo.

Los comerciantes platenses elevaron propuestas a la Comuna y a la Gobernación para convertir en peatonales algunas calles, para facilitar que exista el distanciamiento requerido entre personas. Esas medidas no las cumplen, desde luego, los manteros que se instalan en la Terminal de trenes, en las principales veredas céntricas y en espacios públicos platenses.

Cabe reseñar que hasta hace unos días la venta ambulante había cedido a partir de las prohibiciones a la circulación, pero en las últimas jornadas reverdeció y se multiplicaron los puestos de venta ilegal callejera en nuestra ciudad.

El crecimiento de la venta ilegal en La Plata ofrece cifras que debieran alarmar: en el último trimestre de 2019 la cantidad de puestos creció un 115,7 por ciento, según datos de la Cámara de Comercio y Servicios de la República Argentina (CAC). En ninguna otra localidad del país se experimentó ese incremento.

Se ha dicho ya que son muchos los perjudicados por la venta ambulante, además de los comerciantes que cumplen a rajatabla con la ley. En esa nómina puede incluirse a las cajas recaudadoras de la Municipalidad, de la Provincia y de la Nación, que pierden fortunas en materia de impuestos y tasas, que la venta ilegal no paga. Sufren pérdidas muchas marcas que son falsificadas por las bandas delictivas que manejan el comercio informal. Y, asimismo, se ven perjudicados los propios vendedores ambulantes, destratados y explotados por mafias que ganan fortunas a costa de los que necesitan trabajar.

Pero uno de los mayores derrotados es, también, el concepto del orden público y la noción de que las normas de convivencia existen para todos, que los habitantes son iguales ante la ley sin excusa alguna. Y esto ocurre cuando las autoridades, por un lado, le aprietan las clavijas a los que cumplen con las leyes y, por el otro, le dan luz verde a los transgresores.