Ocurrió a fines de abril y vuelve a suceder a fines de este mes. Con el inicio del pago de haberes a jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS), los bancos y cajeros automáticos convocaron a verdaderas aglomeraciones de personas, obligadas a transgredir la cuarentena para hacerse de su dinero. La escena se reiteró, como fotocopiada o calcada del mes anterior. La burocracia volvió a exhibir su poderío, intacto a través de las décadas.

Todo fue igual que el mes anterior, pero agravado en esta oportunidad por dos factores. En primer lugar porque, a diferencia de lo que venía ocurriendo desde el comienzo en marzo de la cuarentena, ahora se atraviesa por una etapa que los especialistas consideran como el inicio en el país del pico de casos de coronavirus COVID-19.

Y en segundo término, por la llegada de las jornadas frías, típicas del invierno que se avecina. Si a eso se le suma el hecho de que la mayoría de las personas que van a cobrar son adultos mayores, integrantes de los grupos de riesgo, es natural concluir que se está frente a un despropósito, cuyas consecuencias podrían ser extremadamente graves.

Tal como se dijo en este diario, anteayer las sedes bancarias a cargo de los pagos se vieron, incluso antes de su apertura, repletas de jubilados y pensionados que se acercaron para cobrar sus haberes. Confluyeron, claro está, con clientes que acudían para cumplir con diversas operaciones.

Algunos beneficiarios que se comunicaron con este diario advirtieron por el amontonamiento de personas que se produjo en algunas sedes bancarias, contrapuesto al distanciamiento comunitario que debe prevalecer en el contexto del virus. En tanto que se respetaba el uso del barbijo. El uso de camperas y bufanda daba cuenta en parte del cuidado adoptado por los jubilados para evitar contraer la gripe o influenza estacional, cuya combinación con el SARS COVID-19 podría causar severas consecuencias para la salud.

Este panorama se repitió desde temprano en distintas sucursales de la Ciudad y de localidades de la periferia, como en City Bell donde las colas se extendieron más allá de una cuadra.

Se sabe de la existencia de otras opciones para evitar largas colas en los Bancos y en los cajeros habilitados, como fórmulas alternativas para conseguir dinero en efectivo o realizar los pagos. Sin embargo, hay centenares de miles de jubilados y de empleados públicos, cuyas cuentas de sueldo y de haberes previsionales se encuentran cautivas del Banco Provincia, muchos de los cuales carecen hoy de idoneidad suficiente para manejar esas variantes y que prefieren acudir a las ventanillas o a los cajeros.

Debe recordarse una vez más que el sistema de cajeros automáticos fue previsto por la Provincia como una alternativa para darle mayor agilidad al sistema bancario. Sin embargo, siguen existiendo falencias tanto en ellos como en los pagos por ventanillas, traduciéndose todo ello en demoras y en múltiples perjuicios para los clientes, que deben enfrentar, en muchas oportunidades, verdaderas odiseas para hacerse de su dinero.

Vale señalarlo una vez más: lo ocurrido ayer no puede repetirse de ninguna manera. En esta oportunidad, tal reclamo no se agota en las dificultades y molestias a las que se obliga a centenares de miles de personas para poder cobrar sus sueldos o haberes previsionales. Ahora es el Estado es responsable directo de que ese enorme sector de la población –sobre todo quienes integran los grupos de riesgo- no se vean compelidos a violar la cuarentena y a ponerse en alto riesgo, tan sólo para poder acceder a un dinero que les pertenece.

En el caso de los Bancos oficiales, la administración cuenta con tiempo, recursos y personal suficiente como para impulsar otras alternativas de pago, que no se traduzcan en poner en peligro a la salud pública.