Estudiantes y docentes "anti-vacunas" fueron a la Justicia y piden no ser "discriminados" en la UNLP

Un grupo de docentes, no docentes, graduados, estudiantes y padres de estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) recurrieron a la Justicia Federal de La Plata para pedir no ser "discriminados" en el marco del regreso de la presencialidad a las aulas.

"Como medida concreta nos organizamos y presentamos un amparo legal este jueves en el que solicitamos se respete nuestro derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y no ser discriminados ni estigmatizados por ello. Exigimos por tanto que se respete nuestro legítimo derecho a estudiar y trabajar libre y democráticamente", expresaron.

"Tomamos la decisión de no brindar información sobre si hemos recibido o no la vacuna contra el COVID19. Actualmente la UNLP nos exige para volver a la presencialidad en nuestras tareas presentar certificado de vacunación, tanto a estudiantes como a trabajadores de los distintos claustros", detallaron.

A su vez agregaron que "como integrantes de la comunidad universitaria de la U.N.L.P. pedimos se reivindiquen los estandartes de la Reforma Universitaria, ya que debido a la disposición 176/21 aprobada por unanimidad en el Consejo Superior de nuestra casa de estudios genera en nosotros un dolor más, por una libertad individual menos en pos de una especulación y con el agravante del Impedimento al Ingreso a una universidad pública, gratuita, laica, inclusiva y cogobernada que no tiene precedentes".

A principios de septiembre, el Consejo Superior de la UNLP aprobó una disposición que establece como requisito para la participación en cualquier actividad presencial en todas sus facultades y dependencias, contar con al menos una dosis de las vacunas autorizadas contra el coronavirus. Eso rige para los mayores de 18 años, exceptuando a los alumnos de los colegios preuniversitarios.

La norma aprobada señala que “resultará requisito para la participación en cualquier actividad presencial en todo el ámbito de la UNLP la acreditación del transcurso de 21 días corridos desde la inoculación de la primera dosis de alguna de las vacunas autorizadas para generar inmunidad adquirida contra el covid-19”.

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La iniciativa fue impulsada en virtud “de la necesidad de seguir incorporando, de manera paulatina, mayor cantidad de actividades presenciales, tanto en el ámbito administrativo como académico”.

La disposición prevé que “el servicio de salud de la Universidad recibirá, considerará y resolverá las solicitudes de habilitación especial -de quienes no se han vacunado-que se justifiquen en motivos médicos debidamente acreditados, emitiendo las constancias que correspondan”.

En tanto, si no es por cuestiones médicas, “el servicio de salud remitirá la cuestión a una Comisión ad hoc”.