La jueza delegó la investigación del ataque contra la Vicepresidenta

Cuestionada por Cristina Kirchner desde el inicio de la causa, la jueza María Eugenia Capuchetti resolvió ayer delegar la investigación por el ataque a la Vicepresidenta en el fiscal Carlos Rívolo, que ya tiene el expediente en sus manos. La decisión llega en medio de las duras críticas de la exmandataria, que viene insistiendo por el apartamiento de la magistrada.

La propia jueza advirtió que la expresidenta puso en duda su imparcialidad y recordó que se tramita su recusación ante la Cámara Federal: “Encontrándose la recusación ante ese tribunal, debo hallar un remedio procesal que propenda a la mejor administración de justicia y a la validez de los actos que se tomen, en lo sucesivo, con ese norte”, dijo Capuchetti al explicar la delegación en el fiscal.

Esto implica que de ahora en más Rívolo encabezará las tareas investigativas y que solo recurrirá a la jueza para autorizar determinadas medidas que avancen sobre los imputados, como allanamientos, detenciones o intervenciones telefónicas. De hecho, la fiscalía puede, si lo cree necesario, tomar declaraciones testimoniales, pedir informes y recoger evidencias.

La jueza aclaró además que Rívolo puede, “en caso de entender que la instrucción se halla completa en alguno de sus tramos (o en su totalidad)”, avanzar en la elevación a juicio del caso y que “la tesitura asumida en pos de una mejor administración de justicia y mayor celeridad del proceso en nada se contrapunta con los lineamientos de la alzada”.

Capuchetti decidió delegar la investigación en la fiscalía a 83 días del comienzo de la instrucción y un día después de que la querella le cuestionara no haber ordenado ninguna medida de prueba tras la recepción de un informe, el 26 de octubre pasado, con más información extraída del celular de uno de los imputados.

Por el intento de asesinato de la Vicepresidenta están detenidos y procesados como coautores el atacante Fernando André Sabag Montiel y su cómplice Brenda “Ámbar” Uliarte; mientras que en calidad de partícipes secundarios se encuentran Nicolás Gabriel Carrizo y Agustina Díaz, que fue excarcelada.

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Carrizo es el denominado “jefe” de los copos de nieve que vendían Sabag Montiel y Uliarte, mientras que Díaz es la amiga con la que “Ámbar” habló sobre su deseo de matar a la Vicepresidenta, según se desprende del expediente.

El último reclamo de la querella apuntó a información hallada en el celular de Carrizo por la Dirección de Asistencia en Investigaciones Penales del Ministerio Público Fiscal y plasmada en un informe incorporado en la causa a fines del mes pasado.

En esa presentación, la querella señaló que el ataque del que fue víctima Cristina Kirchner “no estaba destinado exclusivamente a matar a la Vicepresidenta” sino también a “desestabilizar el sistema político y constitucional en general”.

“Mi amigo intentó matar a Cristina”, “Es un golpe que le dimos al gobierno” y “esto se va a poner peor”, son algunos de los mensajes que Carrizo le envió el 2 de septiembre a una persona de su confianza, cerca de las 7.40, según surge de la presentación que la querella hizo ayer.

Precisamente, en esa audiencia el abogado José María Ubeira advirtió: “Si le pasa algo a la Vicepresidenta o a sus hijos, la magistrada será responsable” y lanzó: “Si queremos enderezar el rumbo de este asunto, apartar a Capuchetti podría ser el comienzo”.

La recusación de la jueza es un pedido con el que la Vicepresidenta viene insistiendo desde el 10 de noviembre, cuando a través de un video que publicó en Twitter la criticó en muy duros términos por la forma en la que llevó el caso y le reprochó haber querido “boicotear” el expediente. Fue allí donde también vinculó al legislador del PRO, Gerardo Milman, con el intento de magnicidio. Una conexión que, según protestó la exmandataria, nunca fue investigada.

Pero el recelo de la querella con Capuchetti arrancó apenas iniciada la causa, cuando, poco después del ataque, la Policía Federal no pudo abrir el teléfono celular del detenido Sabag Montiel y el juzgado lo envió a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que recibió el aparato reseteado de fábrica. Por el hecho, la Policía efectuó un sumario administrativo, mientras se trata de recuperar aquella información y se realiza un peritaje para deslindar responsabilidades.

Como se dijo, Capuchetti puso al frente de la investigación al fiscal Rívolo como respuesta a esos reclamos, sumado al último de realizar medidas de prueba para ampliar la acusación sobre Carrizo.

Mientras, la Cámara Federal deberá resolver en estos días dos cuestiones clave. Por un lado, los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia analizan si corresponde o no secuestrar los teléfonos de dos colaboradoras del diputado Milman, como reclama la Vicepresidenta. Por el otro, el apartamiento o no de Capuchetti dependerá del camarista Leopoldo Bruglia, que debería decidir entre hoy y mañana.