Las usurpaciones, tema de nunca acabar

Corredor Público y Martillero

Nuevamente y como ya viene ocurriendo desde hace años, bajo todos los gobiernos, en menor o mayor medida, sean populistas o de derecha, solo basta chequear las noticias periodísticas de los últimos 15 años, se repite la metodología de usurpación en sus distintas modalidades. En los últimos 36 meses sentimos una escalada de tomas importantísima y preocupante en casi todo el país y principalmente en nuestra región, tanto en algunas tierras donde se están preparando por sus legítimos dueños, para un loteo privado y otras de propiedad del Estado nacional, provincial y/o municipal, donde, sin mediar aviso alguno y de madrugada, llegan camiones con familias, las cuales estarían conformadas de distinta manera, principalmente con niños menores de edad y minusválidos, según versiones investigaciones de la Justicia difundidas por los medios, vendrían de localidades vecinas, donde se suman los aprovechadores de siempre, vecinos ellos, que demarcan una zona, ponen unas chapas y maderas para marcar territorio y decir “esta parcela es mía”, y se quedan esperando el resultado de sus actos.

Cuenta la leyenda, que muchas de las usurpaciones y su loteo, son promesas comprometidas por los punteros de turno. Si el puntero consigue, a través de algún “amigo” circunstancial, llevar una línea de luz al predio usurpado, a los pocos minutos, todos los ocupantes pasan a tener luz y allí se complica muchísimo la expulsión de los intrusos por motivos obvios. Al mismo tiempo, esos lotes con luz, se revalorizan y se intentan venderlos al mejor postor.

Debería existir una rápida intervención del Fiscal de turno, aplicando la ley en resguardo de los intereses de los privados/propietarios y del propio Estado, y la fuerza policial, que, con idoneidad y responsabilidad, deberían logran detener dichas ocupaciones y en algunos casos, custodiarlas.

Tres casos

Mencionamos tres casos emblemáticos:

1) Hace aproximadamente 7 años en la localidad de Abasto, Av. 520 y 212, sabemos que en una maratónica y exprés resolución parlamentaria, con la intervención tanto del gobierno de la Municipalidad de La Plata de aquel entonces, como la Cámara de Diputados y de Senadores de aquella gestión, Gobierno de Daniel Scioli, bajo el consentimiento y manejo político del presidente de Senadores, Gabriel Mariotto, expropiaron el predio mencionado, para ser adjudicados a los futuros ocupantes, prometiéndoles la instalación de los servicios esenciales, como lo son la luz, cloacas y agua corriente, sala de emergencias, escuela, etc., hecho que todavía no fue materializado en absoluto. El predio fue ocupado y se vive en pésimas condiciones.

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2) Hace un tiempo, vimos con asombro que, en la localidad de Guernica, con la misma metodología, “los delincuentes” de siempre tomaron un gigantesco predio en forma irregular, con el agravante, que los usurpadores los estaban vendiendo en forma rápida y exprés, jugando con la desesperación y necesidad de la gente humilde. En su momento, gracias al proceder de la justicia que opero rápidamente, se pudo reintegrar el predio a sus legítimos dueños.

3) Desde febrero del año 2020, hemos visto en la ciudad de La Plata, como crece y se llena de casitas de madera y chapa, el predio denominado “Planeadores” de la localidad de Los Hornos, a 15 cuadras del centro de esa pujante región, calles 144 y 77, más de 160 hectáreas, la usurpación más extensa de la provincia de Buenos Aires, según informes oficiales actualmente tiene más de 2.500 familias afincadas sumando más de 10.000 personas viviendo en la precariedad más extrema, la propiedad se mide y registra con los pies sobre un pedazo de tierra. La presencia en el lugar tiene la validez de un acto posesorio y porque no, de una escritura. Estos criterios asumen el formato de ley y se repiten en las tomas de terrenos que se expanden como una pandemia en la geografía de la Región.

Empujado por la prepotencia del hecho consumado, las autoridades decidieron planificar una urbanización y desistieron de la idea inicial del desalojo, que ensayaron en febrero del 2020, con intervención de la Policía Bonaerense y la Justicia federal- que promesa de por medio, se definiría con un programa que promueve el ministerio de Desarrollo Social y la secretaría de Hábitat de la Provincia. Así se definió la “zonificación” del territorio y se dividió en áreas donde fueron “censadas” las familias que serán beneficiadas en el reparto de los lotes. La recolocación de los ocupantes que llegaron desde febrero 2020 hasta la fecha fueron 10.000 personas, según evalúan en la Provincia.

La agencia de Administración de Bienes del Estado, propietaria del inmueble, aceptó ceder en custodia a la Provincia el espacio para el desarrollo de la urbanización, cesión aceptada por el Gobierno. El Estado provincial se comprometió instalar la iluminación pública, agua corriente, delimitación de calles y tendido de cloacas. Esas promesas fueron efectuadas hace más de 12 meses, casi nada se ha hecho al respecto. Hoy la Provincia le pasa la pelota al Municipio y viceversa: ¡el cuento de la buena pipa! Qué se haga cargo del tema quien le corresponda.

Relevamiento

Un relevamiento realizado por el Observatorio Socioeconómico de la Universidad Católica de La Plata (UCALP), reveló que en 2019 se consumaron 76 tomas. En el año 2020 se habrían sumado más de 80 en localidades periféricas al casco urbano.

Por lo expuesto, repudiamos enérgicamente esos actos, relacionados con las usurpaciones de terrenos privados y/o fiscales, en pacífico uso y explotación por sus propietarios, arrendadores o el propio Estado. Lleva a pronunciarnos sobre esa cuestión, rechazando enfáticamente tales procederes reñidos con elementales normas de convivencia social que tutelan los máximos ordenamientos Nacional y Provincial. Todos nosotros no desconocemos la problemática relacionada con la legítima aspiración de todo ciudadano a acceder a una vivienda digna, pero no es responsabilidad del privado dársela. Esa aspiración, en el camino a su concreción, no puede violentar derechos de otros ciudadanos o del Estado que también poseen legítimos intereses relacionados con su trabajo, la industria, el comercio y la ayuda social. Es obligación de los poderes públicos desalentar tales prácticas y buscar las soluciones habitacionales de acuerdo al Art. 14 bis de la Constitución nacional y este es nuestro reclamo. Lo acontecido no resulta ser un buen ejemplo a imitar, ello vulnera las reglas de convivencia pre establecidas. Su generalización de seguro aparejará nefastas consecuencias que, mediante el imperio de la ley y la justicia, deben ser evitadas.