Se tensa la disputa con piqueteros por los planes

“Esta vez vamos a aguantar los trapos. Hablaron más de dos horas con el ministro (Juan Zabaleta), acordamos varias cosas pero insisten con los planes”, explicó un funcionario consultado acerca de la determinación del Ejecutivo de no ceder a las presiones de las organizaciones sociales de izquierda con las que se reunieron ayer en Desarrollo Social, que al término del encuentro anunciaron un “acampe por al menos 48 horas” sobre la avenida de 9 de Julio en protesta por la falta de respuesta a sus reclamos por mayores montos para los beneficios del Potenciar Trabajo.

En el Gobierno vienen proponiendo a las organizaciones pasar de un esquema de programas de asistencia social a planes de generación de empleo formal y fortalecimiento de cooperativas y demás unidades productivas del sector de la economía popular. En las últimas horas, se anunció la incorporación de beneficiarios del mega plan social a una planta automotriz de Zárate, que se suma a otros proyectos de “empalme” vigentes. El problema es que el Potenciar Trabajo tiene más de un millón de inscriptos.

En este marco, los dirigentes de la denominada Unidad Piquetera, Eduardo Belliboni (Polo Obrero) y Silvia Saravia (Barrios de Pie-Libres del Sur), entre otros, fueron recibidos en el histórico edificio de 9 de Julio y Moreno ayer por la tarde por el ministro Juan Zabaleta, el viceministro Gustavo Aguilera, el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, y el subsecretario Pablo Pais, entre otros funcionarios, en una encuentro de tono “cordial” que sólo se tensionó cuando los militantes sociales reclamaron por la libertad y los beneficios de los 3 detenidos acusados de haber participado en el ataque a pedradas contra el despacho de Cristina Kirchner.

Reclamaron la libertad de los acusados por el ataque al despacho de Cristina

Se trata de militantes del Movimiento Teresa Rodríguez aprehendidos por la Justicia ante la sospecha de haber participado de los incidentes en el Congreso cuando se debatía el acuerdo con el FMI. Los dirigentes sociales reclaman su libertad y que Zabaleta les reintegre a dos de ellos los pagos por los beneficios sociales que habían sido cesados. “No puede tomar decisiones a partir de interna del Frente de Todos y cortarles ese derecho cuando la Justicia aún no los condenó. Ahora nos dijeron que el beneficio está suspendido y no dado de baja”, explicó Belliboni a este diario.

Lo cierto es que, tras el encuentro finalizado a las 16 de ayer, hubo distintas lecturas sobre el mismo. En el gobierno aseguran que Zabaleta ya hizo cuatro reuniones con la Unidad Piquetera desde agosto pasado y que siempre aclaró que no era necesario cortar una calle para sentarse en una mesa a encontrar soluciones “porque un conflicto no se resuelve con otro conflicto”. Y que en este último encuentro se acordó que dichas organizaciones presentarán un plan de actividades laborales para titulares del Potenciar Trabajo y será el propio ministerio el que financiará la compra de maquinarias, herramientas e insumos para la producción para fortalecer el trabajo en cooperativas y que se reforzará el envío de alimentos a los comedores barriales.

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Fuerte rechazo desde la oposición

Sin embargo, Belliboni rechazó que haya existido tal entendimiento y confirmó el acampe piquetero desde mañana “y por tiempo indeterminado”. Así, señaló que no hubo respuesta “a nuestros pedidos para la gente y no para las organizaciones ya que nos quieren ´adornar´ con esos recursos. Queremos que se aumenten los montos de los planes que son una miseria y que la entrega de mercadería tenga más calidad. En marzo aún no recibimos nada y ahora nos dijeron que recién llegaría a fines de mes”.

Por su parte, Silvia Saravia reseñó a este medio que fue el conjunto de Unidad Piquetera el que definió el “acampe por 48 horas” a partir del miércoles a 14 y que también “habrá protestas en todas las provincias porque no hubo ninguna propuesta concreta sino dilaciones y compromisos a 15 días”.

En el Ejecutivo están firmes en resistir los embates de organizaciones de izquierda que, aseguran, no son permeables a ningún tipo de diálogo. Insisten en que no sumarán más planes sociales al registro oficial y que se concentrarán en transformarlos en empleos genuinos. Y, a fin de evitar arbitrariedades de los cabecillas de las organizaciones, exigirán a que “cada beneficiario presente una terminalidad educativa o productiva” como contraprestación para recibir el pago del salario social complementario, hoy en unos $17 mil. Si bien mantiene un diálogo fluido con las entidades alineadas al oficialismo, como el Movimiento Evita –del cual Pérsico es uno de sus referentes- o el Barrios de Pie liderado por Daniel “Chuky” Menéndez, el conflicto con los piqueteros de izquierda sigue vigente.

Para intentar quitarles influencia, en Desarrollo Social buscarán establecer mesas productivas en los municipios que vayan administrando los planes y posibilitando a los beneficiarios a incorporarse a trabajos formales. Como ejemplo, citaron el ejemplo de un frigorífico de Lomas de Zamora que hace semanas incorporó a decenas de beneficiarios mediante esta intermediación. También se le ofrecerá a las cooperativas la posibilidad de comprar maquinaria para poder incursionar en proyectos de obra pública.